La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha instado a la dirección de la empresa Ence, a la Xunta y al Gobierno Central a «sentarse a buscar una solución para mantener los puestos de trabajo» de la factoría pastera tras el dictamen de la Audiencia Nacional que ha anulado la prórroga de la concesión sobre los terrenos que ocupa y que ha calificado como una «sentencia clara».

«Las sentencias están para acatar», ha señalado la presidenta del organismo provincial, que ha rechazado pronunciarse «en clave negativa» argumentando que entiende «la preocupación de las trabajadoras y trabajadores» de la fábrica. Por ello, ha apelado a las competencias del Ejecutivo gallego en materia de industria, a los responsables de la compañía y al Gobierno del Estado a «buscar una salida».

Para la presidenta de la Diputación de Pontevedra cabría la posibilidad de recurrir a los fondos Next Generation «para el traslado» de las instalaciones, como desde el organismo provincial han «defendido».

«La sentencia dice que mantener los terrenos más de 60 años no se ajusta a la ley», ha insistido Carmela Silva. «Yo estoy ahí posicionada», ha explicado, haciendo un llamamiento a «ser responsables, racionales y no echar más leña al fuego».