La Xunta de Galicia ha solicitado al Gobierno central que reconsidere y modifique las condiciones que se fijan en los programas de vivienda de los fondos europeos de recuperación económica, al considerar que su aplicación será «complicada» y «poco atractiva para los posibles beneficiarios».

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha participado en la mañana de este miércoles en la Conferencia Sectorial de Vivenda, Urbanismo e Solo, acompañada por el director xeral del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García.

Según ha señalado que este primer encuentro, con la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha servido para trasladar una vez más el acuerdo de la Consellería con el reparto de fondos, de los cuales a Galicia le corresponden 9,5 millones de euros.

Sin embargo, en declaraciones a los medios, la conselleira ha destacado que las bases y condiciones por las que se rigen los programas no serán de interés ni serán demandados por parte de los potenciales solicitantes.

Así, ha concretado que un aspecto fundamental a corregir es la cuantía de las ayudas que llegarán a los beneficiarios que la Xunta ve «escasas, reducidas y sometidas a la tributación fiscal». Por ello, considera que, «a priori», «no son un incentivo para fomentar la participación y acceso a los fondos, que deberán hacer un esfuerzo mayor para llevar una actuación subvencionable».

A modo de ejemplo, ha indicado que una persona que decida llevar a cabo una actuación para un ahorro energético podrá acceder a una ayuda de 4.800 euros, mientras que el solicitante tendrá que aportar unos 12.000 euros. «Estas no van a ser unas ayudas que quieran los gallegos, porque disminuyen hasta en un 50% las cuantías que antes teníamos preestablecidas para rehabilitación», ha señalado la conselleira.

En opinión de la conselleira, «no tiene sentido hablar de fondos de recuperación cuando se ponen tantas dificultades, condiciones y requisitos» para la ejecución de los mismos, que «lo único que motivan es que las personas, que ven un atractivo en esa ayuda», avancen un paso hacia atrás en su objetivo».

Asimismo, ha advertido que las cuantías no son el único elemento desalentador, sino que también lo son los plazos para la ejecución de los fondos. Al respecto, ha indicado que el presente ejercicio «ya es casi un año perdido» y, teniendo en cuenta que en 2023 deberán estar aprobados los compromisos de gasto de los fondos asignados, el horizonte que resta para la materialización de los fondos es claramente insuficiente y no permite perder ni un solo día más del plazo disponible».

La conselleira de Medio Ambiente ha reiterado que esta postura es compartida con el sector y los expertos. Así, el Gobierno gallego ha señalado que mantuvo un contacto permanente con los miembros del Observatorio Galego da Vivenda y de las oficinas de rehabilitación de las ARI, para analizar y conocer su opinión, con el objetivo de aportar aquellas consideraciones que redunden en una efectividad y viabilidad en la aplicación de las medidas, como las trasladadas este miércoles.

«Nos encontramos ante una situación única para reactivar la economía, pero el Ministerio hace una serie de exigencias que van a repercutir directamente sobre el solicitante y, por eso, le pedimos que reformulen las ayudas. España no puede perder esta oportunidad», ha concluido la titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda.

Por todo lo expuesto en lo relativo a al escasez de fondos para los beneficiarios y la dificultad de su aplicación, el Gobierno gallego optó por abstenerse en la votación del acuerdo de distribución, tal y como ha informado la Xunta en un comunicado.