La Xunta ha detectado «deficiencias» en el plan de restauración de la mina de los municipios coruñeses de Touro y O Pino remitido por la empresa, si bien la compañía «está en plazo» para realizar las correcciones requeridas.

De ello ha informado, en el pleno del Parlamento, el vicepresidente económico, Francisco Conde, después de que el pasado mes de marzo la Xunta notificase a Cobre San Rafael la resolución por la que deniega la aprobación del proyecto para la reapertura de la mina de cobre tras una declaración ambiental desfavorable.

En respuesta a una pregunta del BNG, Conde ha explicado que la Xunta también solicitó un proyecto de drenaje para la gestión integral de las aguas en la explotación, el cual se aprobó de modo provisional para recoger las aguas que emanan de forma natural. Sin embargo, «se inició un expediente sancionador» el pasado 16 de junio por no ejecutar por parte de la empresa esta medida.

Por su parte, Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), ha avisado de que su formación estará enfrente si «aparece otra vez el proyecto» de Atalaya Mining para recuperar la mina «con otro maquillaje». Urge el plan de restauración definitivo para recuperar los terrenos y advierte de la acumulación de residuos de todo tipo en la zona.

SUBIDA DE ELECTRICIDAD

Por otra parte, Franisco Conde ha exigido al Gobierno una «rectificación» de su política energética ante el incremento de la factura de la luz de un 28% en un hogar medio en junio hasta alcanzar niveles «récord».

En respuesta a una pregunta del PPdeG, ha recriminado que el estatuto para las electrointensivas «es un fracaso», puesto que las empresas «pagan el doble» que los países «con los que compiten». De tal forma, tacha de «insuficientes» las medidas y reclama actuar para salvar «miles de empleos».

CAJEROS EN EL RURAL

En otro orden de cosas, en este pleno, el diputado socialista Juan Carlos Francisco Rivera ha criticado que la Xunta asuma los costes de la instalación en ayuntamientos del rural de cajeros, pues «no se puede nuevamente rescatar a bancos» que cuentan con «beneficios millonarios», tal y como ocurrió con Abanca, según expone.

Sostiene que «la solución no será que la Xunta siga poniendo dinero» para que los bancos «maximicen sus beneficios» mientras cierran sucursales en el rural.

En respuesta, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ha recordado el dato ofrecido el mes pasado por su departamento de que 34 de los 45 ayuntamientos sin sucursales han firmado ya los convenios de colaboración con la Xunta para la puesta en marcha de cajeros automáticos. Además, hay otros «cuatro o cinco» municipios interesados en sumarse «próximamente».