La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) hace ocho años, cuando murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, pide una reunión a la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

A través de una carta, la asociación traslada a Sánchez la enhorabuena por el nombramiento, y expresa su «alegría» por que ocupe este puesto «una persona que en su toma de posesión se ha comprometido con el bienestar de la ciudadanía, con dejarse la piel para mejorar este país y que además cree firmemente que la proximidad y el contacto con la personas es absolutamente necesario para abordar grandes transformaciones».

Ocho años después, las víctimas siguen reclamando que se haga un investigación técnica independiente sobre el siniestro ferroviario, «tal y como lo reclama la Unión Europea, ya que la llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no lo era y no analizaba las causas raíz de la tragedia».

De hecho, de momento el caso no ha sido juzgado y está pendiente de apertura de juicio oral –previsiblemente a comienzos del año que viene–, con el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif como presuntos responsables de 80 homicidios y 144 delitos de lesión por imprudencia profesional grave.

«No hacer esta investigación es poner en riesgo la seguridad de toda la ciudadanía; si no se investiga correctamente no se pueden tomar las medidas adecuadas para evitar que hechos tan terribles puedan repetirse, uno de los principales objetivos de estas investigaciones», advierte la plataforma en la misiva.

Por eso solicitan a la nueva ministra un encuentro, para «darle más detalles» y tratar asuntos como el nombramiento de la actual directora de seguridad Adif, Esther Mateo, que «presentó un peritaje en el juzgado señalando que en la línea (Ourense-Santiago) era segura y que cumplía la normativa de seguridad», las alegaciones al anteproyecto de ley de creación de la Autoridad para la Investigación de Accidentes y el procedimientos de infracción que tiene abierto Bruselas a España en materia de seguridad ferroviaria.

ALEGACIONES

Precisamente este colectivo ha presentado sus alegaciones al anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes en los modos de transporte.

En primer lugar, justo sobre su independencia, ve «imprescindible encontrar otra alternativa en cuanto a la dependencia orgánica y funcional de este nuevo organismo». «De lo contrario, su independencia y eficacia no estará garantizada», advierte.

En este sentido, constata como «un auténtico oxímoron hablar en el artículo 1 de una Autoridad independiente para la investigación de accidentes que esté adscrita al Ministerio del Transportes, cuando este mismo ministerio podría tener responsabilidades en el propio suceso». Según llama la atención, «no se puede ser juez y parte al mismo tiempo».

En la misma línea, avisa de que «difícilmente se va a garantizar la independencia de esta autoridad si el presidente y los consejeros son nombrados exclusivamente por el Consejo de Ministros a propuesta del ministerio, que puede ser juez y parte».

Respecto al equipo investigador, entiende «estrictamente necesario para garantizar la independencia que los técnicos que formen parte de la investigación no trabajen o hayan trabajado en alguna de las entidades públicas o privadas involucradas de una o otra manera en el accidente».

Entre otras alegaciones, recomienda «incluir la especialización en materia de factores humanos y organizativos que deben tener los miembros del organismo de investigación».

En cuanto a las medidas que proponga esta autoridad, la plataforma de víctimas del descarrilamiento del tren Alvia considera «imprescindible que se articule de alguna forma el velar por que se cumplan determinadas recomendaciones en el caso de accidentes graves».

CONTENCIOSO

Por otra parte, la plataforma de víctimas ha registrado un nuevo escrito dirigido a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el procedimiento abierto en relación con la falta de independencia que la asociación atribuye a la actual comisión de investigación de accidentes.

En concreto, este escrito es con el se formaliza el escrito de demanda, contra la mencionada comisión y el Ministerio de Transportes, después de que este presentase sus alegaciones, incluido un escrito de la Abogacía del Estado.

El texto recuerda que el equipo de investigación actuante, que únicamente se fijó en el despiste del maquinista, «en su inmensa mayoría de sus miembros (…) formaba parte de los organismos del sector ferroviario directamente implicados en el accidente».

«La investigación parte de la premisa del error humano como causa del accidente, sin analizar de forma pormenorizada y exhaustiva los profundos y subyacentes motivos del accidente», denuncia.

En concreto, la representación de la plataforma en este caso pide al magistrado –el ponente designado fue José Ramón Giménez Cabezón– que condene a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios «a que lleve a cabo la realización de una nueva investigación e informe final sobre el accidente ferroviario acaecido el 24 de junio de 2013», ateniéndose «de forma rigurosa al procedimiento legalmente establecido para ello, en especial, respetando el trámite de audiencia a los interesados, los cánones de objetividad e independencia exigidos y subsanando, en cualquier caso, la totalidad de deficiencias puestas de manifiesto».

Asimismo, reclama condenar al Ministerio de Transportes «a que, para llevar el anterior cometido, garantice la total independencia de la CIAF, en los términos legalmente establecidos, de tal manera que permita investigar a esa última de forma totalmente objetiva e imparcial el accidente ferroviario acaecido el 24 de junio de 2013».