El presidente del Consello Galego da Competencia, Ignacio López-Chaves, ha defendido la adquisición de más funciones para las autoridades autonómicas de este ámbito y ha indicado que el pleno del órgano ha autorizado la elaboración de un informe de actualización sobre la concentración bancaria en Galicia.

En una comparecencia realizada a petición propia en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos, López-Chaves ha indicado que en el plan de acción de 2021 de este ente se contempla aumentar la vigilancia de mercados en riesgo de exclusión, en especial, en la contratación pública. Del mismo modo, el órgano participará en cursos de formación impartidos por la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) a funcionarios para detectar «la existencia de ilícitos» en esta materia.

El presidente del órgano también ha defendido la necesidad de contar con una «visión descentralizada» del derecho de la competencia y de «seguir con atención» la reforma de la legislación que se tramita en el Congreso para «dar más peso a autoridades autonómicas dentro del sistema estatal» y redefinir los criterios de adjudicación de expedientes.

En este sentido, ha avanzado que se buscará «más participación» en procesos de control de concentraciones dado que, en este momento, la Comisión Galega da Competencia solo interviene en los que «afectan especialmente a Galicia» y ha señalado que se buscará el reconocimiento de otras funciones. López-Chaves también ha dado cuenta de la redacción de un estudio sobre recomendaciones para la elaboración de pliegos en materia de contratación pública.

RESOLUCIÓN CONFIRMADA

En otro orden de cosas, ha recordado que recientemente el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirmó la resolución de este órgano respecto a una infracción de la Ley de Defensa da Competencia consistente en un cártel articulado mediante la coordinación de dos empresas de salvamento y socorrismo para presentarse a una licitación del Ayuntamiento de A Coruña.

A este respecto, ha remarcado que esta fue la primera ocasión en la que el Consello impuso una sanción al representante legal de una persona jurídica, en concreto, a la de ambas entidades. En total, López-Chaves ha concretado que en 2019 y 2020 el pleno de órgano resolvió una quincena de expedientes, que se tramitaron de acuerdo con la Ley de defensa de la competencia.

Asimismo, ha apuntado que la normativa vigente no permite que el Consello Galego da Competencia examine la relación entre productores y grandes industrias y pueda actuar de oficio y ha advertido de que resulta poco probable que los afectados acudan a la vía judicial al encontrarse en una situación de dependencia económica.

Además, ha apostado por que los ayuntamientos «den facilidades» que favorezcan la implantación de gasolineras independientes en sus términos municipales, ya que, según ha resaltado, los datos muestran que ofrecen combustible a un precio más reducido. Finalmente, ha reconocido que la página web del ente que preside presenta «algunos errores que se van a intentar corregir».

CRÍTICAS DEL PSDEG

Por su parte, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha denunciado la «absoluta opacidad» de la Comisión Galega da Competencia ante el hecho de que este viernes se produjese la primera comparecencia de su máximo responsable desde su constitución, que tuvo lugar hace cinco años. Además, ha reprobado que no se aportasen previamente la memoria anual y el informe general de actividades, así como que López-Chaves no diese cuenta del plan para el próximo año.

Como consecuencia, Rodríguez Rumbo ha afirmado que «difícilmente» los grupos podrán realizar sus aportaciones al plan de actividades y ha criticado que la memoria de actividades más reciente disponible en la página web del ente sea la correspondiente a 2016 y que en la misma no pueda accederse a planes anuales.

Mientras, la diputada del Bloque Carmela González ha puesto el foco en que si no se dispone de «competencias totales» resulta «difícil ayudar» al sector del comercio, que «precisa que la Xunta adopte todas las medidas precisas para que sobrevivan los negocios que existen» y ha puesto el foco en la dificultad que conlleva una actuación de oficio.

Adicionalmente, la diputada ‘popular’ Cristina Sanz ha celebrado que el Consello demande «más peso y funciones» y ha destacado que tramitó más expedientes que sus homólogos en Cataluña, País Vasco y Andalucía pese a que estos últimos cuentan «con más recursos». De este modo, ha concluido que se ha puesto de manifiesto que la organización realiza una gestión «eficaz» de su presupuesto.

Durante la misma comisión, el voto en contra del PPdeG ha impedido que saliese adelante una iniciativa de impulso del Bloque, ante la que se ha abstenido el PSdeG, para que el Gobierno central realizase las modificaciones oportunas de la normativa vigente para que las secciones de crédito de la cooperativas quedasen excluidas del ámbito de aplicación de la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.