El astillero vigués Hijos de J. Barreras ha contratado los servicios de la firma de consultoría internacional Kroll para buscar «alternativas que garanticen su estabilidad y viabilidad».
En una comunicación remitida a los empleados, a la que ha tenido acceso Europa Press, el astillero en manos de la división de cruceros de lujo de Ritz-Carlton ha señalado que la contratación se ha realizado con el objetivo de «apoyar y reforzar la estrategia de la compañía» de cara a detectar alternativas para «garantizar su estabilidad y viabilidad». Así, ha trasladado su «bienvenida» a la consultora y ha confiado en que los trabajadores colaboren «en todo aquello que pueda necesitar para desarrollar con éxito sus funciones».
Esta situación se produce un mes después de que Barreras anunciase que había empezado a saldar la deuda por 58 millones de euros que contrajo con entidades financieras (43 millones) y la industria auxiliar (15 millones) por la construcción del crucero ‘Evrima’, que fue trasladado a Santander para trabajos de pintura.
Mientras, en declaraciones remitidas a los medios, el secretario comarcal de CIG, Alberto Gonçalves, ha advertido de que los «movimientos» realizados por la empresa en las últimas semanas «anticipan un desenlace fatal» que «tendría consecuencias gravísimas para el conjunto del sector naval de Vigo y su industria auxiliar». «La caída de Barreras puede ser el definitivo golpe letal para el naval de Vigo», ha alertado.
Así, ha incidido en que «no se puede permitir que un sector estratégico para la industria viguesa desaparezca», por lo que ha llamado a la Xunta y al Gobierno «dejar de mirar para otro lado» y a «actuar para asegurar la continuidad de Barreras» y «blindar» el futuro del sector. Ante esta situación, ha apostado por la intervención del astillero y ha vuelto a pedir al alcalde, Abel Caballero, que convoque el Consello Social de la ciudad.
Por su parte, UGT reclamó recientemente que la empresa presentase un plan de negocio al considerar que la situación de financiación del buque, que «parece estar encauzada», no resulta «suficiente para apuntalar el futuro del astillero». También apeló a la colaboración entre los distintos agentes sociales, Barreras, la Xunta y el Gobierno de cara a buscar una solución.
Sin embargo, en mayo, la Xunta remarcó que la empresa debe «acreditar carga de trabajo» para poder cofinanciarla con una cantidad que se completaría con lo que Barreras solicitó al fondo de solvencia de la SEPI, unos 30 millones de euros.
