La CIG ha mostrado su rechazo a los cambios que plantea el Gobierno central para el Estatuto Básico del Empleado Público porque suponen «dejar tirados a miles de interinos y temporales».

La central nacionalista, con su secretario xeral, Paulo Carril, a la cabeza, se ha concentrado este lunes a las puertas de la Delegación del Gobierno en A Coruña para escenificar su oposición a la modificación que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Para la CIG, se trata de una reforma que se lleva a cabo «de espaldas» a un personal interino que «durante años» ha sido «vícitma» de la temporalidad en las plantillas de la administración.

Así lo ha manifestado el responsable del área pública de la CIG, Suso Bermello, que ha advertido que el personal interino «se verá doblemente penalizado» por la introdución de «una diferenciación injustificable» entre el personal que está «en situación de fraude» y aquel que «en el futuro sea personal interino».

«La propuesta no contempla ningún tipo de reparación para estas personas, tal y como exige la jurisprudencia europea, mientras que para las que entren en el futuro sí que se reconocería expresamente esa indemnización de 33 días por año», ha resaltado Bermello, que considera esta cuestión «un insulto».

En este sentido, ha puesto el acento en la necesidad de que el Ejecutivo central aporte «soluciones» para hacer frente al «abuso» de la temporalidad que se da en la administración con personas que permencen durante «15 años» en plazas vacantes de puestos estructurales.

A renglón seguido, ha recordado que la justicia europea establece que los procesos selectivos abiertos «no valen» para atajar el problema, a lo que se suma la doctrina del Tribunal Constitucional, que determina que «no puede haber procesos cerrados».

«En ese camino es donde el gobierno del Estado tiene que buscar una solución para frenar el fraude y al tiempo dar una salida a todas estas personas», ha recalcado Bermello, que ve en la propuesta del ministro Miquel Iceta un intento por «echar balones fuera» y mover la problemática al año 2024, cuando se dará «la misma situación pero con más sentencias judiciales y mayor confusión».

Por lo tanto, la central nacionalista reclama «medidas valientes» para atajar este asunto a través de una estabilización «real» con una reform del estatuto «que no penalice ni al personal interino ni al sector público».

DEMANDA «TRANSPARENCIA»

Además, la CIG ha demandado que el proceso de negociación para la reforma del estatuto se produzca «con transparencia» y que «todas» las organiaciones sindicales con representación en la mesa general «tengan un conocimiento exacto de lo que se está hablando».

Y es que, según denuncian en un comunicado, Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF negocian «a escondidas» esta modificación «para luego presentar en la mesa general un documento previamente concinado y que caerá en los mismos errores de los acuerdos de 2017 y 2018».