El Parlamento de Galicia ha aprobado una propuesta del PP para instar al Gobierno gallego a defender la autonomía financiera y la capacidad normativa en materia tributaria de la comunidad. En este sentido, pide al Ejecutivo autonómico que demande al Estado la eliminación del artículo del Proyecto de Ley de Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que declara como comportamiento fraudulento la venta de bienes recibidos a través de pactos sucesorios en vida.

El artículo, que reforma la ley del IRPF, representa una «injustificada vulneración» de la autonomía competencial y financiera de Galicia. Por ello, y en caso de que la norma salga aprobada con este punto, la Cámara solicita a la Xunta que se sirva de todas las herramientas y recursos jurídicos a su alcance para defender las competencias, la autonomía financiera gallega y los intereses de los ciudadanos.

El diputado Pedro Puy reivindicó el desarrollo del autogobierno en dos ámbitos relevantes y que esta norma incumple: el derecho civil propio de Galicia y la autonomía fiscal. En este sentido, ha advertido que el texto, en su artículo 36, considera a todos los herederos en vida «como defraudadores» con la excusa de la lucha contra el fraude fiscal, al tiempo que «deturpa el significado» de los pactos de sucesiones en vida.

«Si hay fraude que se investigue», ha matizado Puy, pero sin que por ello se tenga que introducir un texto que «discrimine el derecho sucesorio en Galicia».

Desde el BNG, Noa Presas ha insistido en la necesidad de defender los intentos de «recentralización» que se observan en la historia reciente y ha advertido el «enfoque erróneo» del proyecto de ley impulsado por el Gobierno del Estado a través de una «presunción de culpabilidad» de los ciudadanos.

«Estamos debatiendo sobre una presunción de culpabilidad únicamente para que el Estado recaude más», ha censurado, lo que considera un «mal paso» en la necesaria persecución y lucha contra el fraude fiscal, sobre todo en el caso de los grandes patrimonios.

Al respecto, Francisco Rivera (PSOE) admitió la necesidad de mejorar la redacción de la norma, pero justificó la abstención de su grupo al calificar la iniciativa de un intento más del PP de «mantener un enfrentamiento» con el Gobierno del Estado, del mismo modo que con la estrategia de vacunación o la gestión de la pandemia.

EÓLICOS

Por otro lado, el Parlamento también ha aprobado otra iniciativa del grupo popular para instar a la Xunta a que el Gobierno de España no proceda a la tramitación y autorización de proyectos eólicos de su competencia fuera de las áreas definidas por el Plan Sectorial autonómico y que ofrezca información clara y veraz para evitar su proyección en zonas protegidas, especialmente Red Natura.

También se solicita la modificación del Real Decreto de medidas en materia de energía y otros ámbitos para la reactivación económica con el fin de ampliar los plazos de tramitación de proyectos eólicos y evitar la presión generada por el Gobierno, al tratarse de periodos «muy ajustados» y que podrían llevar a generar «prejuicios económicos», advierte la diputada Marta Nóvoa (PP).

Debido a esta situación, añade, la Xunta ya informó negativamente de 36 proyectos de ámbito estatal «por incumplir la normativa» y que no atienden a la planificación «ordenada» aprobada por el Gobierno gallego «hace años», una «depredación» con cientos de molinos «en zonas prohibidas» al margen del Plan Sectorial. Al mismo tiempo, ha instado a una rectificación de la información facilitada por el Ministerio del ramo, que está «recomendando no instalar» en zonas protegidas, donde directamente «está prohibido».

Noa Presas (BNG) ha ironizado con la «maniobra de distracción» del PP con esta iniciativa tras incidir en la importancia de un nuevo modelo eólico y de «ampliar el foco», para sacar adelante las zonas pendientes de ampliación de la Red Natura que la Xunta «dejó en un cajón».

Al respecto, Pablo Arangüena (PSOE) ha censurado que «menos del 12 por ciento» del territorio gallego está incluido bajo ese régimen de protección y ha insistido en que el Gobierno central está «obligado» a la tramitación de esos proyectos al contar con más de 50 megavatios, cosa que no impide «que se rechacen» finalmente. «No jueguen al escapismo, no echen más balones fuera», ha añadido.

XEAL

Sin embargo, los votos del PP tumbaron una iniciativa para instar a la Xunta establecer unos criterios mínimos de empleo en las fábricas de Xeal (antigua Ferroatlántica) en Cee y Dumbría, tras la sentencia del TSXG del 2 de noviembre, además de garantizar la no segregación de las actividades energéticas y de ferroaleaciones.

El diputado Martín Seco solicitaba dejar de «mirar hacia otro lado» y «garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo» y la actividad de ferroaleaciones, cumpliendo así el fallo.