Alcoa ha iniciado los trámites para recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional que le condena en relación a la venta de las plantas de Avilés y A Coruña.

En concreto, fue condenada a cumplir las condiciones sobre extinción de contratos que se produzcan y de recolocación externa en los términos que se fijaron en los acuerdos alcanzados el 15 de enero de 2019 en dichas factorías.

El tribunal ordena cumplir esta medida alternativa pactada al haber «incumplido» la medida complementaria consistente en la reindustrialización de las plantas y el mantenimiento del empleo mediante su compraventa a un empresario serio, solvente y riguroso.

Al respecto, la multinacional estadounidense, aunque apunta que respeta las decisiones de los tribunales españoles, afirma que no comparte el resultado de este fallo.

En este sentido, la compañía defiende haber actuado «en todo momento conforme a derecho» y haber cumplido «de forma rigurosa con todos los compromisos adquiridos en el contrato de venta de las plantas de Avilés y A Coruña al grupo Parter», así como en los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores de ambas fábricas.

«Alcoa no puede ser considerada responsable de los incumplimientos en los que puedan haber incurrido terceros de las obligaciones que asumieron en el contrato de compraventa de las plantas», asevera.

Sin embargo, el tribunal consideró que ni Parter ni el posterior comprador, el Grupo Riesgo, cumplieron «mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso». «Al contrario, lo que resulta palmaria es la contribución de ambos a la situación de desolación en que se encuentran las plantas y sus trabajadores», advirtió.

Así, estimó que la prueba practicada lo que evidencia es que Alcoa nunca dejó de ser el empresario real de los trabajadores tras la compraventa de las plantas.

RESPUESTA DE ALCOA

«El proceso de venta de las dos plantas fue supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los Gobiernos regionales de Asturias y Galicia y de los Representantes de los trabajadores, quienes revisaron el plan industrial de Parter», destaca ahora Alcoa.

Esta sentencia pone de manifiesto, a su juicio, «los riesgos de una venta de unas plantas estructuralmente inviables en la que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso».

Por eso, Alcoa está analizando «cómo afecta esta sentencia a su situación actual en España».

En relación al proceso de venta de las plantas, la compañía recuerda que en octubre de 2018 Alcoa inició un proceso de despido colectivo motivado, según incide, «por la inviabilidad» de la producción de aluminio primario en las plantas de A Coruña y Avilés.

El 15 de enero de 2019, tras casi cuatro meses de negociaciones, se alcanzó un acuerdo con los representantes de los trabajadores en el que se reconocieron las causas del despido, se concretaron unas indemnizaciones «muy superiores a las legalmente previstas para los trabajadores afectados» y en el que Alcoa «aceptó también mantener parte de la actividad productiva y 205 empleados en ambas plantas en fundición y torre de pastas».

El acuerdo contemplaba también la parada ordenada de las cubas de electrólisis, actividad insostenible debido a causas estructurales, «incluida la falta de un marco energético competitivo para la producción de aluminio primario en España».

«Atendiendo a la petición de los gobiernos central y autonómicos, sindicatos y propios trabajadores de dar una nueva oportunidad a las plantas, el acuerdo recogió igualmente la alternativa de intentar una venta de las instalaciones a un tercero que pudiera dar viabilidad industrial a las mismas», apunta.

Con el objetivo de «lograr la mayor transparencia en el proceso de venta», éste, según Alcoa, «fue supervisado y avalado en todo momento por Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los gobiernos regionales de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores».

Parter fue, dice la multinacional, «el único candidato que avanzó hasta el final de las negociaciones presentando una oferta por las dos plantas, compartiendo en más de una ocasión su plan industrial con todos los agentes sociales y con las autoridades pertinentes».

Dicho plan se basó «fundamentalmente» en «una mejora planificada del marco energético por parte del Gobierno español», según Alcoa, que insiste en que «en todo momento ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos y ha tratado de dar una oportunidad de reindustrialización a unas plantas afectadas por dificultades estructurales, entre las que se encuentra un marco energético no competitivo para una industria electrointensiva como la del aluminio primario».

A día de hoy, «en conformidad con su acuerdo con Parter», Alcoa asegura que ha desembolsado a las plantas de A Coruña y Avilés más de 75 millones de dólares (de los hasta 95 millones de dólares puestos a disposición en la transacción) para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de las cubas de electrólisis o la reindustrialización de las plantas.

Asimismo, señala que presentó una demanda contra Parter «por incumplimiento del contrato de venta de las plantas de Avilés y A Coruña, que incluía ciertas obligaciones legales que Alcoa cree que habían sido incumplidas por Parter, como la venta posterior de las compañías a Iberian Green Aluminium Company, S.L. (antes «GIR» o Grupo Industrial Riesgo)».

Concluye que «no tenía conocimiento previo de dicha transacción posterior de Parter» y que, «en cuanto tuvo conocimiento de la misma, presentó la demanda».

Por último, indica que ha continuado «haciendo frente a sus obligaciones de pago en el contrato de compraventa, a pesar de que dicho incumplimiento le permitía no hacerlo, con el objetivo de no alterar la oportunidad de reindustrialización mientras se resolvía esta demanda».