Los magistrados de la Audiencia Nacional se reúnen este martes para deliberar sobre los recursos contra la prórroga que permite a Ence permanecer en su actual ubicación en los terrenos de Lourizán, junto a la ría de Pontevedra, hasta el año 2073.

El Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación Pola Defensa da Ría y Greenpeace fueron los que interpusieron recursos contra la decisión, que se deriva de la modificación de la Ley de costas que realizó el Gobierno central con el popular Mariano Rajoy al frente. El Ejecutivo que ahora dirige el socialista Pedro Sánchez se allanó en el proceso.

Los escenarios que se abren a partir de lo que decidan los magistrados –un fallo que está previsto que se conozca en los próximos días– es que la planta se vea abocada al cierre (si rechazan la prórroga por completo), su mantenimiento hasta 2073 (si por el contrario la avalan) o que siga en su emplazamiento pero solo hasta 2033 (si atienden parcialmente los recursos).

En este contexto, en declaraciones a los periodistas, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha constatado que, «lamentablemente, está en una situación de inestabilidad propiciada por una decisión del Gobierno, que está trasladando incertidumbre e inseguridad».

A falta de conocer la decisión de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión, Conde ha subrayado que el Gobierno debe «dar una solución concreta» a la pastera, para que se pueda mantener en su ubicación actual.

En ese sentido, ha recordado que, vinculadas a Ence, hay en Galicia 5.000 familias «que dependen del sector forestal» y, en la misma situación, están gran parte de la actividad del puerto de Marín, la industria auxiliar o el transporte. «No es una opción no garantizar la continuidad (en Lourizán), esperamos que el Gobierno pueda reaccionar», ha incidido.

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha avanzado, «independientemente» de la sentencia, que el Ayuntamiento seguirá «luchando» para «recuperar un espacio natural» con un valor ambiental que entiende «superior» al que en la actualidad tiene.

Desde su punto de vista, la prórroga fue «ilegal» y la posición del Consistorio «es histórica» y pasa por «luchar por todas las vías posibles» para «conseguir recuperar la ría de Pontevedra».

El recurso del Ayuntamiento empleaba «argumentos jurídicos irrefutables», a su juicio, por lo que el regidor espera que sean tenidos en cuenta.

Frente a esto, critica que la posición que mantiene el PP «significa un agravio comparativo para los empresarios que tienen que buscarse la vida» con otros emplazamientos.

Además, censura que «quien no hizo nada durante muchos años fue la Xunta, que tiene sus competencias» en esta materia. En cualquier caso, ha admitido que «un periodo transitorio» ante el cierre de la fábrica no le parecería «mal».