El sindicato CIG-Ensino ha denunciado que el anteproyecto de Ley de FP, aprobado la pasada semana por el Consejo de Ministros, amplía el papel que juega la empresa y refuerza su peso en estas enseñanzas, por lo que potencia «la privatización» del sistema educativo.

Según recoge el texto actual, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende que las empresas puedan impartir entre un 20% y un 40% del currículo y extender el modelo dual a toda la Formación Profesional, desde la ‘Básica’ hasta los ciclos medios y superiores.

Entre otras implicaciones, advierte la CIG, la estructura formativa de la administración educativa estará «condicionada totalmente» a las necesidades y decisiones de las empresas, con un refuerzo de la estancia del alumnado en ellas, mayor control en el currículo, o con la entrega de parte de la evaluación entregada a tutores designados por ella, entre otra cuestionas.

Asimismo, el sindicato teme un «importante recorte de profesorado» al extenderse la carga de formación relativa a la estancia en las empresas y a la posibilidad de que estas puedan formar a sus propios trabajadores para obtener títulos oficiales, lo que relegaría a los docentes a evaluadores de resultados y «en un lugar secundario».

El anteproyecto, por otra parte, «rectifica parcialmente» el problema provocado con al extinción del cuerpo de Profesorado Técnico de FP en el articulado de la Lomloe, abriendo su integración y creando el cuerpo de Especialista en sectores singulares.

La CIG ha avanzado que presentará enmiendas al texto para intentar introducir mejoras en los apartados relacionados con los docentes, puesto que las rectificaciones «son insuficientes». Asimismo, remitirá las propuestas a los diferentes grupos parlamentarios para su consideración durante la fase de negociación en el Congreso.