El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley que obliga a las empresas de reparto a contratar a sus trabajadores, la conocida como ‘ley rider’, y ha aprobado su tramitación como proyecto de ley, por lo que podrá introducir cambios a través de enmiendas.
A favor del decreto ley han votado el PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís y Nueva Canarias. El PP, Vox, Cs, UPN y Foro Asturias han votado en contra, mientras que el BNG se ha abstenido.
Pese a que fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes, como cada decreto ley es necesario que el Congreso lo someta a examen para convalidarlo o, en caso de no obtener apoyos suficientes, derogarlo.
«LA APLICACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO NO ES OPTATIVA», DICE DÍAZ
Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha recordado que la reforma planteada va en línea de la sentencia del pasado mes de septiembre del Tribunal Supremo, pero también otros tribunales internacionales, en cuyas sentencias, ha afirmado «late el mismo concepto: Que la aplicación del derecho del trabajo no es optativa».
«A nadie se le ocurriría poder escoger entre ser laboral o autónomo en una fábrica o en un comercio», ha aseverado, destacando que esto «supondría la desaparición de la norma laboral con todas sus consecuencias». Así, ha recalcado que una prestación de servicios «será siempre laboral si existe dependencia, cualquiera que sea la forma en que se manifieste», algo establecido por el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado septiembre para unificar doctrina.
VOX ANUNCIA UN RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
Vox directamente ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, por no ver justificada la urgente necesidad necesaria para este tipo de iniciativas, durante una confrontación directa con la vicepresidenta Yolanda Díaz al usar su turno en contra. En este intercambio, interrumpido en las intervenciones de la titular de Trabajo por gritos procedentes de la bancada de Vox, esta formación ha pedido un estatuto específico para estos trabajadores.
Así, su portavoz laboral, Juan José Aizcorbe, ha señalado que la regulación es «un canto de sirena», y que fija «trabas» y «barreras» a los trabajadores. Asimismo, ha puesto en cuestión la representatividad de los agentes sociales a la hora de acordar los cambios.
Unas afirmaciones replicadas por la vicepresidenta, acusándoles de perpetuar «un modelo basado en la explotación» en el que «todo vale contra las personas trabajadoras» y «basado en el siglo XIX». «No hay ningún emprendimiento en un joven que reparta en las calles, acompañado de una herramienta digital, por muy moderna que sea», ha espetado.
NO HAY URGENCIA SI SE DAN 3 MESES PARA SU ENTRADA EN VIGOR
Al rechazo de Vox se han sumado los del PP, Ciudadanos y Foro Asturias, que han justificado su voto en contra por la utilización del decreto ley, pero también por la falta de consenso con el que nace la norma, pese a aprobarse tras un acuerdo con las patronales CEOE y Cepyme, y los sindicatos CC.OO.
El diputado ‘popular’ Diego Movellán cree que la nueva regulación requiere «mayor debate y consenso», cree que el decreto ley contiene «más ideología que contenido» y que su propósito responde al interés del Gobierno de «hacer la vida imposible a los autónomos».
También ha cuestionado la regulación por decreto María Muñoz, pues lo ve «incompatible» con que se dé tres meses para empezar a aplicarlo. «A riesgo de que nos llamen explotadores», ha dicho la diputada ‘naranja’, «no podemos apoyar este despropósito».
PSOE: «VOTAR EN CONTRA ES SER CÓMPLICE DEL ESCLAVISMO»
Frente a todos ellos, la diputada del PSOE Mercé Perea ha manifestado que votar contra el decreto «es ser cómplice de la precariedad, de la pobreza y del esclavismo», y que en esta postura está una «derecha neoliberal que pretende la desregulación salvaje».
«Para que luego digan que luchar y organizarse no sirve para nada», ha argumentado el portavoz laboral de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, recordando el trabajo de ‘riders’ durante los últimos años por regularizar su situación, llevando a los tribunales a las plataformas y que ahora se traduce en una nueva ley.
Marta Rosique, de ERC, ha celebrado la regulación, pero también le ha afeado a la vicepresidenta de Trabajo su retraso para abordar reformas en la subcontratación y, preguntándose de si irá «sector por sector», le ha reprochado que la nueva regulación únicamente abarca al sector de reparto, dentro del ámbito de las plataformas digitales.
NO DAR DE ALTA ES DEFRAUDAR Y MENOS DINERO PARA PENSIONES
Por su parte, Oskar Matute (Bildu), ha recordado que la profesión cuyos derechos son regulados no es innovadora –«Se lleva haciendo desde hace siglos»– y se ha preguntado «en qué cabeza cabe que una empresa de reparto tenga cero empleados». Asimismo, ha señalado que, hasta ahora, al no abonar cotizaciones las empresas han defraudado, y eso implica menos dinero para el sistema de Seguridad Social y sus pensiones.
«No son autónomos en una economía colaborativa o emprendedores en bicicleta, sino falsos autónomos exprimidos por unas empresas que utilizan a colectivos desfavorecidos para lucrarse», ha zanjado Josep Pagès, portavoz laboral de Junts.
Precisamente, varias localidades de España, entre ellas Vigo, han acogido este jueves movilizaciones para pedir la paralización de esta normativa.
