El Grupo Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia En Común ha registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno al establecimiento de una moratoria eólica para la instalación de parques eólicos en Galicia.

«Tenemos que parar la ofensiva de parques eólicos y hacerla conciliable con una transición energética justa para todas», ha señalado este jueves el diputado por Galicia en Común, Antón Gómez Reino.

Sobre la iniciativa, explica también que responde a las reivindicaciones de los colectivos y asociaciones vecinales que se manifestaron en Santiago de Compostela «en contra de los planes de Feijóo y a favor de la protección de territorios de enorme riqueza y biodiversidad».

Al respecto, Galicia en Común recuerda que en Galicia hay en total 4.061 aerogeneradores que se distribuyen por toda la comunidad. «En la actualidad están en marcha alrededor de 50 nuevos proyectos y 200 en fase de estudio, que distribuirían molinos con un importante impacto a nivel ambiental, paisajístico y social», incide.

De esta situación, culpa a la Xunta, de la que afirma que está «incumpliendo» la normativa europea al no declarar figuras de protección ambiental en territorios que deberían estar integrados en la Red Natura para su conservación.

El documento registrado en el Congreso, que fue firmado por los diputados Antón Gómez Reino y Juan López de Uralde, insta también al Gobierno a priorizar otras líneas de actuación en Galicia como la eficiencia energética, la generación distribuida y el autoconsumo.

O COUREL

Por su parte, la Asociación A Volta Grande do Courel denuncia que el proceso administrativo para instalar el parque eólico de Barjas, «que afectaría irreversiblemente a O Courel, continúa» tras publicarse en el BOE el siguiente trámite del procedimiento: someter aa información pública la solicitud de autorización administrativa previa y el estudio de impacto ambiental del parque.

Esta entidad hace un llamamiento a la ciudadanía para «visibilizar la oposición popular al proyecto» y avanza que convocará nuevas acciones para sensibilizar a la sociedad y proteger esta zona, «que se verá afectada tanto por los molinos de más de 200 metros de altura, situados a metros de la Red Natura como también por una línea de evacuación eléctrica».

De ello, culpa al Gobierno central si no se logra «paralizar» el proyecto y avanza que pedirá a los ayuntamientos de la zona un posicionamiento institucional «contra esta agresión».