El vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, ha acusado al Gobierno de querer «imponer su criterio» con las normas de Sanidad para la ‘nueva normalidad’ y ha criticado tanto «el fondo como las formas» tras el documento que el Ministerio presentó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al que Galicia votó en contra.

«No podemos entender que el mismo Gobierno central que se desentendió de la gestión de la pandemia desde el primer momento, y cuando las cosas estaban duras lo dejó todo en manos de las comunidades autónomas, ahora que comienza la desescalada vuelve a aparecer», ha sentenciado a preguntas de los periodistas en un acto en Bergondo (A Coruña).

El conselleiro ha vinculado el posicionamiento del Ejecutivo central a que «cree que ahora se pueden dar buenas noticias y quiere imponer su criterio a que quienes estuvimos gestionando desde el principio y, por lo tanto, conocemos las circuntancias y las decisiones que hay que tomar».

«No tiene ningún sentido», ha recalcado el conselleiro, quien no ha considerado «admisible» el planteamiento. «Vuelven a criminalizar la hostelería y toman decisiones que no se pueden entender muy bien como el caso de las terrazas que se vuelven a limitar», ha añadido.

Además, ha expuesto que son «decisiones que demuestran que, como no estuvieron gestionando la pandemia, no conocen ni pueden tomar decisiones adecuadas en la desescalada y pretenden imponerse, volver a aparecer cuando no estuvieron en ningún momento».

Preguntado qué hará ahora la Administración gallega, ha señalado que la Xunta «siempre mostró su lealtad y por lo tanto quiere seguir haciéndolo». «No vamos a cometer ninguna ilegalidad, la asesoría jurídica de la Xunta está analizando hasta qué punto es obligatoria esta decision y actuar en consecuencia».

«Si fuera obligatoria habría que asumirla, si no lo es las comunidades autónomas, que tenemos margen de maniobra, haríamos lo que más conviniera», ha dicho en línea con lo avanzado ya el miércoles por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.