El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha señalado que las personas mayores que están en residencias han sido las «mayores víctimas de violación de derechos humanos» durante la pandemia y ha llamado a cambiar el modelo de estos centros.

En un acto de Nueva Economía Forum, Beltrán ha analizado, entre otros temas, la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. A su juicio, lo que «no hizo bien» el equipo de Pedro Sánchez, especialmente entre los meses de marzo y junio de 2020, es «proteger bien a los sanitarios» y el trato en las residencias con «la falta de derivación de geste a los hospitales».

Aunque en este último punto incluye a las administraciones autonómicas, que son las competentes en la materia, el director de la entidad en España considera que en necesario un «cambio nacional» en «el modelo de residencias» para «que no se repita lo ocurrido».

La violación de derechos humanos sufrida por los mayores no es la única que se ha producido en este periodo marcado por el Covid-19. Beltrán ha explicado que la organización que dirige ha contabilizado 61 violaciones de derechos humanos «en el marco de lo ocurrido en el estado de alarma».

SUSPENSIÓN DE DDHH EN CEUTA

Pero, además, advierte, en España se han producido, ya fuera de este escenarios, otras violaciones que, según ha explicado, están relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana. En este sentido, se ha referido, entre otras prácticas, a la devoluciones de migrantes que se produjeron la semana pasada en Ceuta y Melilla.

Sobre lo ocurrido en ambas ciudades autónomas, Beltrán ha señalado que es consecuencia de unas políticas migratorias «enfocadas a impedir a toda costa que llegue gente» a un país y advierte del peligro que existe con estas prácticas para aquellas personas que buscan refugio o asilo.

Además, ha lamentado que en esos días se utilizó la legislación para «suspender» los derechos humanos. En este sentido, ha denunciado la falta de asistencia letrada para los migrantes y que, en general, para el Gobierno «lo menos importante» de lo ocurrido en Ceuta y Melilla «fueron las 8.000 personas».

Finalmente, y preguntado por la situación de la libertad de expresión en España, el director de Amnistía Internacional en el país ha señalado que «existe» aunque ha advertido «amenazas», por lo que ha llamado al Ejecutivo a «fortalecer y garantizar» este derecho.