La CIG ha presentado en el Parlamento de Galicia 15.199 firmas para avalar una proposición no de ley (PNL) de iniciativa popular por la que se insta a la Xunta a crear un sistema público gallego de servicios de atención a las personas.

En un comunicado, el sindicato ha destacado que se han recabado «seis veces más firmas de las necesarias» en el marco de una campaña llevada a cabo en distintas localidades y en la que «se constató la preocupación de los gallegos por contar con un sistema público de cuidados» en el que «se garanticen la prestación integral de los servicios» y unas «condiciones laborales dignas para las personas que los prestan».

El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, ha recordado que la campaña se puso en marcha para exigir al Gobierno gallego la gestión pública directa de todos los servicios sociales, de cuidados y de atención a las personas, cuyo «carácter esencial» fue «evidenciado con la pandemia». Así, ha lamentado que se produjese una «mercantilización de la salud» y que los cuidados de las personas «se convirtiesen» en «un negocio al capricho de los fondos de inversión».

Así las cosas, ha remarcado la necesidad de que un ente público gallego «concentre y preste todos los servicios», incluidas las residencias de mayores, la ayuda en el hogar y los centros de día o de discapacidad.

«PRIVATIZACIÓN» DE SERVICIOS

Además, ha denunciado que «se sigan privatizando los servicios públicos» y que «se trasladase la responsabilidad de los cuidados durante la pandemia a las mujeres», por lo que ha reclamado una «dignificación» de estas profesiones y sus condiciones de trabajo. Así, ha puesto el foco en la situación de «explotación laboral» que «padece el personal de residencias» para «garantizar el mayor beneficio» a las empresas.

El secretario xeral de la central ha afirmado que estas condiciones también se observan en el servicio de ayuda en el hogar, por lo que mediante la iniciativa se busca su integración en una red pública gallega.

También ha advertido de que «el PP va en dirección contraria» a la planteada por el sindicato y ha apuntado que «de nada vale lamentarse por lo que ocurrió con las personas mayores durante la pandemia» si «no se dan pasos decisivos para que haya una prestación y una gestión directa de los servicios públicos».

En este sentido, ha subrayado que las firmas presentadas constatan la «necesidad de poner fin a las políticas de privatización de los servicios públicos» y de «reconocer la labor social y dignificar las condiciones de trabajo» en este ámbito.

De este modo, Carril ha confiado en que los grupos con representación en la Cámara gallega «estimen esta iniciativa popular» para que «se puedan dar los pasos necesarios para que haya una gestión pública directa de todos los servicios de inmediato», lo que «solo depende de que haya voluntad política».