El exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, que va a ser juzgado por 80 supuestos delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave en la línea en la que se produjo el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), ha dejado su puesto de libre designación como alto cargo en la empresa pública.

Cortabitarte presentó su renuncia este lunes a la subdirección en la que estaba desde 2017, la de Gestión Logística de Aprovisionamientos, y Adif la ha aceptado, según avanza el diario ‘La Voz de Galicia’ y confirman fuentes del ente público. Ahora, queda con la categoría con la que accedió: la de técnico especialista.

La plataforma de víctimas del accidente llevaba años reclamando el cese de este alto cargo de su puesto de libre designación, y es que el siniestro en el que murieron 80 personas y por la que serán juzgados tanto Cortabitarte como el maquinista ocurrió en julio de 2013.

De hecho, en una reunión en 2018, tanto el ministro por entonces de Fomento, José Luis Ábalos, como la presidenta de Adif, la gallega Isabel Pardo de Vera, se comprometieron a que abandonaría la dirección de la empresa pública en «el momento procesal» de la apertura del juicio oral.

Sin embargo, el pasado mes de abril, a los pocos días de hacerse público el cierre definitivo de la instrucción, y a preguntas de los periodistas durante un acto en Compostela, el titular ahora de Transportes –la nueva denominación del ministerio– defendió que Andrés Cortabitarte siguiese en esa subdirección general, al alegar no tenía ya «ninguna responsabilidad en materia de seguridad».

EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS DE CÁRCEL

Los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña atribuyen al que fuera director de seguridad en la circulación de Adif la falta de atención del «riesgo especial de descarrilamiento» en la curva de A Grandeira.

Por su parte, el fiscal, en su escrito de acusación, en el que pide para él cuatro años de cárcel, como para el maquinista, sostiene que «el accidente no hubiese sucedido si Adif y Cortabitarte hubiesen gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo». Esa ausencia de gestión fue la que provocó, según el Ministerio Público, que la línea no fuera segura.