El conselleiro de Medio Rural, José González, ha apelado al «consenso» de los grupos de la Cámara gallega para alcanzar un «acuerdo de mínimos» de cara a la negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC) hasta 2027, antes de que se celebre el 11 de junio una reunión de la conferencia sectorial monográfica, convocada por el ministro de Agricultura, Luis Planas.

En una comparecencia en el pleno del Parlamento, ha explicado que Galicia ya cuenta con el «consenso» de las comunidades de la cornisa cantábrica –Asturias, Cantabria y País Vasco–, organizaciones agrarias y cooperativas en defensa de un modelo de PAC que prime las pequeñas explotaciones con ayudas directas, si bien demanda que haya un acuerdo político para reforzar esa posición.

Sin embargo, el diputado socialista Martín Seco ha tachado de «tomadura de pelo» que el conselleiro busque un acuerdo «a 15 días» de que se cierre la negociación, después de que «no hayan tenido el valor» de presentar la propuesta gallega ni el documento pactado con el resto de autonomías.

En esta posición ha coincidido Carmen Aira (BNG), quien ha afeado a José González que hable de consenso «cuando esto está casi terminado», al tiempo que se ha quejado de «falta de información» del Gobierno gallego a los grupos.

POSICIÓN DE COMUNIDADES DEL NORTE

En su toma de la palabra, el conselleiro ha demandado al Gobierno central mayor transparencia por parte del Ministerio de Agricultura al respecto de la nueva PAC, de forma que urge a conocer el mapa por regiones con el número de derechos, hectáreas elegibles e importe asignado con la cuantía inicial en 2023.

Aquí, ha vuelto a pedir al Gobierno un trato «equitativo» entre comunidades en la definición de superficies con derecho a cobro de la Política Agrícola. Y es que se queja de una PAC de «marcado carácter mediterráneo», en lo que observa un «agravio intolerable».

La Xunta advierte de que las comunidades de Valencia, Murcia y Galicia son las que tienen un menor porcentaje con derecho a ayudas de la PAC en lo tocante a superficie agraria útil. Sin embargo, advierte de que las dos autonomías mediterráneas van a ver resuelto este déficit a través de la incorporación de frutales.

Por lo tanto, el conselleiro exige que, de la misma manera que este déficit se va a corregir para Valencia y Murcia, se haga lo mismo con Galicia. Aquí, remarca que la comunidad gallega tiene, por ejemplo, un número muy importante de pastos que tendrían derecho a cobro, aunque no se perciben.

Requiere la inclusión de nuevos ecoesquemas adicionales a los propuestos por el Ministerio más adaptados a «la España húmeda». También que se incluya un complemento vinculado a la prevención de incendios, la extensión del complemento previsto para las superficies en Red Natura a las zonas con limitaciones naturales, entre otras correcciones.

Y es que quiere que se abran derechos de cobro a nuevas superficies si se pone a producir terreno abandonado, como pretende la nueva ley gallega de recuperación de tierra. Además, requiere ayudas directas a la recuperación de sotos tradicionales, similar a lo que ocurre con las oliveras.

AGRICULTORES REALES

González reclama conocer el número de agricultores genuinos de cada región de la PAC, hectáreas potenciales sin derechos y dimensión media de explotaciones, así como la metodología para la aplicación de la convergencia intrarregional con el fin del diseño de pagos redistributivos. Aboga por beneficiar a las pequeñas explotaciones y familiares con una dependencia significativa de ingresos agrarios.

Resalta que, de los 26.000 perceptores gallegos de la PAC, solo 74 explotaciones reciben una cuantía superior a los 60.000 euros. Para la Xunta es prioritario que se mantengan ayudas directas con mismas cuantías que hasta ahora para el vacuno lácteo y de carne, así como el ovino-caprino.

Junto a esto, ha hecho referencia a una mejora en la agilidad de la PAC en Galicia, pues por primera vez se podrán hacer consultas de forma electrónica, a la vez que habrá un mayor control de superficies por satélite, entre otras medidas.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, Carmen Aira (BNG) ha exigido a la Xunta «financiar» el rural gallego «con algo más que el dinero que llega de Europa».

Tras acusar al Gobierno gallego de apostar por políticas eucaliptizadoras, ha dicho que la Xunta «debería comprometerse a defender el rural en su conjunto, no solo con la PAC».

En su intervención, Martín Seco (PSdeG) ha responsabilizado a los populares de «desmantelar el sector agrario» en las últimas décadas. Igualmente, se ha quejado de que el «principal beneficiario» de la PAC en Galicia «es una empresa trasnacional con sede en Madrid».

El socialista ha acusado a la Xunta de devolver presupuestos millonarios por incumplir plazos, mientras desvía fondos de la PAC a actuaciones que no tienen que ver con el apoyo a productores.

En el debate, la diputada popular Elena Candia ha coincidido con el conselleiro de Medio Rural en que es «importantísimo» que se alcance en el Parlamento una «posición común» sobre la PAC.