Un centenar de personas, convocadas por la Plataforma en defensa de la universidade pública, se han concentrado este martes ante la Cámara gallega para mostrar su rechazo a la creación de una universidad privada en Galicia por considerar que «solo busca el negocio» y perjudicará a las tres universidades públicas.
La protesta se ha celebrado en la misma jornada en la que el Parlamento de Galicia ha iniciado la tramitación del proyecto de ley para el reconocimiento de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada en Galicia impulsada por Afundación, al superar el debate de la totalidad, en el que tanto BNG como PSdeG han presentado sendas enmiendas de devolución que fueron rechazadas por el PP.
Frente al Pazo do Hórreo, el secretario xeral de CIG-Ensino, Suso Bermello, ha sostenido que este proyecto supone «la traca final para fijar un torpedo en la línea de flotación del sistema universitario gallego». «Lo que hace el Partido Popular es literalmente abrir las puertas para que se abra un nicho de mercado inexistente en Galicia, el de la educación superior», ha advertido.
«Es un ataque sin precedentes a la educación universitaria de este país», ha insistido el sindicalista, que considera que las titulaciones que oferta esta universidad privada «no aportan nada nuevo» y solo «duplican» la oferta ya existente, una cuestión que «Feijóo no le permite a la pública».
En esta línea, la secretaria xeral da Federación de Ensino de CCOO, Luz López, ha sostenido que la Xunta «ya le abrió las puertas a la universidad privada en el momento en el que aprobó una ley gallega de universidades» que introduce «unos requisitos mínimos para que cualquier chiringuito se pueda constituir como universidad».
«Así como son muy estrictos para aprobar determinados másteres o grados en la universidad pública, ahora van a permitir que se cree una universidad privada con títulos que ya están funcionando en la pública», ha censurado la sindicalista, que ha sostenido que este hecho hará que se «vaya reduciendo el alumnado en determinadas titulaciones», lo que «conllevará a la desaparición de estas en la pública».
Todo ello, ha incidido tendrá «consecuencias» tanto en los puestos de trabajo del sistema público como «en la población general» toda vez que «los futuros alumnos tendrán menos donde poder escoger las titulaciones que puedan cursar» ya que «van a quedar restringidas a la públicas unas cuentas titulaciones que no sean apetecibles para la privada».
Además, ha advertido de la posibilidad de que este proyecto privado pueda vender «la idea de una fácil empleabilidad» para atraer el alumnado «con prácticas en empresas». «Van a destruir a la pública y, una vez que la hayan destruido si no hay negocio, se irán y punto. Porque solo buscan el negocio», ha expresado.
Por su parte, Benjamín Rey, de UGT, ha incidido en que a este proyecto «solo le interesa vender los títulos». «El primer paso es que los grados ya no son de cuatro años como en la pública, sino que son de tres», ha asegurado.
Tras ello, ha afirmado que el acceso de profesores se producirá sin la necesidad de «un concurso público de méritos», un requisito que califica de «fundamental» para «garantizar la calidad del profesorado».
El representante de UGT también ha advertido de su repercusión negativa en las titulaciones que ahora se ofertan en los «campus periféricos». «Si tu suprimes titulaciones, facultades, cierras campus periféricos esto afectará al consumo y a la economía de estas zonas», ha afirmado en referencia a Ferrol, Lugo, Pontevedra y Ourense.
Por último, ha criticado que en el patronato de esta universidad privada estén «todos los ayuntamientos de Galicia» y las diputaciones. «No pueden estar dentro de una empresa privada que, por encima, es especulativa», ha apuntado.