Tres exmiembros del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en A Coruña se enfrentan a una petición de diez años de inhabilitación por presunta prevaricación administrativa, condena que solicita para ellos un trabajador al que se revocó la incapacidad absoluta permanente pese a sufrir, según la CIG –central sindical que le lleva el caso– «una intoxicación grave por mercurio».
El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha acogido este martes la celebración del juicio contra los que en 2014 formaban parte del Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), en concreto el que era su presidente y el médico evaluador jefe, así com el que ostentaba el cargo de director provincial del INSS. La denuncia se formuló también contra una médico del servicio, pero que ya ha fallecido.
El juicio se ha celebrado después de cinco años de fase de instrucción a raíz de la denuncia presentada por el afectado, en agosto de 2014, contra el EVI, el INSS y la doctora que elaboró el informe que sirvió de base para la revocación de su incapacidad al declararlo apto para trabajar pese, según la CIG, a sus patologías «por la intoxicación derivada de su trabajo en contacto con vapor de mercurio».
En la actualidad, el denunciante tiene concedida la incapacidad permanente total por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que reconoció «el carácter profesional de su enfermedad». Así lo ha recordado, antes de la vista y en declaraciones a los medios, el secretario de Acción Sindical de la CIG, Ernesto Rei, que ha calificado lo sucedido con este trabajador como «violencia institucional».
DEFIENDEN SU ACTUACIÓN
Ya en el juicio, los tres acusados han defendido su actuación en este caso. «No había dudas en 2014», ha sentenciado el que era el médico evaluador jefe del EVI en A Coruña, que se ha remitido al informe hecho por la doctora que vio a este trabajador.
No obstante, admitió que él nunca llegó a explorar a esta persona, mientras que rechazó que tuviese, cuando la médico fallecida lo valoró, «síntomas de carácter neuropsicológico».
«No estaba diagnosticado por intoxicación por mercurio, había una posible intoxicación por mercurio», ha manifestado también en su declaración. En ella, ha admitido que, con posterioridad y en base al fallo del TSXG, se le concedió al trabajador la incapacidad permanente total. «Se modificó por una sentencia judicial que variaba las condiciones en las que se había tomado la decisión», expuso.
A preguntas de la letrada del denunciante, tanto él como los otros dos acusados han cifrado en más de un centenar, «entre 100 y 150», los expedientes que se miraban por sesión, de las que había tres o cuatro a la semana. «Algunos eran muy fáciles, otros no», respondió el que era entonces presidente del EVI en A Coruña al ser preguntado si, de acuerdo con el número de horas que se empleaban para esta cuestión, se dedicaba «menos de un minuto a cada expediente».
Tanto él como el entonces director general del INSS en A Coruña se han remitido a lo que decían los médicos. «Nos basamos en el informe del médico», ha dicho el primero, que ha admitido que la presencia en las comisiones de evaluación de un inspector de Trabajo, como según la letrada de la CIG fijaba la ley, no se daba siempre. «Unos venían cuando podían y en otros casos no», ha manifestado.
