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El escudo social del Gobierno destinó a Pontevedra 2.700 millones, que llegaron a 85.000 personas y 13.000 empresas

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El escudo social puesto en marcha por el Gobierno de España ante la pandemia del covid-19 supuso un impacto en la provincia de Pontevedra de un total de 2.700 millones de euros, los cuales permitieron llegar a unas 85.000 personas y 13.000 empresas.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, en una rueda de prensa posterior a una reunión con la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, en la que ha indicado que a través del escudo social destinaron 230 millones a líneas de acción para los ERTEs, 500 euros a prestaciones por desempleo y 2.100 a líneas de financiación ICO.

En lo relativo al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha destacado que se han realizado 75 proyectos en la provincia pontevedresa, por valor de 39 millones de euros, los cuales han consistido en eficiencia energética y térmica, aerotermia, alumbrado publico y planes de movilidad.

Además, ha puesto en valor el sistema VioGén contra la violencia de género, por el que ya hay 12 ayuntamientos que firmaron el protocolo –que incorpora a la Policía Local a las labores de vigilancia y control–, y hay 6 ayuntamientos que «en breve» firmarán: A Guarda, Tui, Ponteareas, Cangas, Cambados y Nigrán.

Ambos dirigentes también abordaron en la reunión los proyectos de restauración de los castros, por el que están colaborando con 17 ayuntamientos; así como las iniciativas puestas en marcha en el marco del Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra.

Finalmente trataron acciones relativas al Xacobeo y en concreto a la seguridad peatonal en el transcurso del Camino de Santiago. A este respecto, la presidenta de la Diputación de Pontevedra ha comentado que hay «algunos puntos negros» en el Camino, por lo que «se va a tratar» de conseguir que esté «en perfectas condiciones de seguridad».

INICIATIVAS PROVINCIALES

Por parte de la Diputación, Silva, que ha celebrado el «talento y talante» de Miñones, ha trasladado al delegado del Gobierno aquellos proyectos que quieren presentar a fondos europeos –Next Generation y estructurales–, con el objetivo de conseguir una provincia digitalizada, cohesionada y con igualdad entre hombres y mujeres.

A colación de ello, ha incidido en que «es fundamental» que las entidades municipales puedan «gestionar los fondos europeos». «Si queremos transformar el país, las entidades locales tienen que estar en la gestión, porque tienen una enorme capacidad para gestionar, conocemos la realidad mejor que nadie», ha zanjado.

Por otro lado, avanzó que llevarán al próximo pleno provincial la aprobación de 47,2 millones de euros con dos proyectos ‘ReacPon’ (Reactiva Pontevedra) de sostenibilidad turística, uno de ellos para Condado-Paradanta y otro para Deza-Tabeirós.

En cuanto al programa ‘SmartPeme’, de digitalización y uso de las nuevas tecnologías –que hasta el momento ya ha asesorado a más de 3.500 empresas y ha realizado 2.600 talleres y 10.000 actividades–, ha reclamado al Gobierno «que lo tenga en cuenta para que sea financiado».

COLABORACIÓN CON LA XUNTA

Miñones ha destacado también la colaboración del Gobierno con la Xunta, lo que, ha dicho, «se traduce en 1.258 millones de euros vinculados a ayudas covid». «Ese último capítulo suma 234 millones euros para empresas y autónomos, que son los que ahora vemos con diferentes líneas de acción que está sacando la Xunta para hosteleros, comercios y demás», ha explicado.

En este ámbito, ha reclamado «que esos fondos lleguen a los ayuntamientos», como han pedido las federaciones de municipios y provincias de Galicia (Fegamp) y de España (Femp). «Es necesario que llegue a todos los ayuntamientos, independientemente del color político», ha resumido.

Respecto a estas cuestiones, Carmela Silva ha manifestado que cada semana la Xunta anuncia ayudas para los sectores más afectados por la pandemia «y la aplastante mayoría de los recursos son trasladados por el Gobierno de España» a las comunidades. «Siempre se olvida de comentarlo el presidente de la Xunta», ha censurado.

«No contento con eso, pretendían que las administraciones locales y provinciales nos hiciéramos cargo de aquello que es competencia de las comunidades autónomas y que se está gestionando con recursos del Estado», ha denunciado, insistiendo en que «la gente merece saber la verdad».

«Yo cuando recibo recursos del IDAE, siempre cuento de dónde vienen los recursos, me parece que es obligatorio hacerlo», ha remarcado, poniendo en valor que el actual Gobierno ha movilizado recursos «como nunca se vio en la historia, para hacer frente a una crisis que afectó tanto a la economía». «Los datos aclaran quién de verdad tiene compromiso», ha rematado.

Así, ha criticado que en la crisis económica de 2008 «se subieron impuestos, se recortaron recursos y políticas económicas y sociales». «En esta crisis, en cambio, hay un gobierno que ha puesto miles de millones para hacerle frente», ha concluido.

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