Un juzgado ha abierto diligencias contra la directora de la residencia DomusVi Chantada (Lugo), Petri Rodríguez, a raíz de una denuncia presentada ante la Guardia Civil por el presidente de la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias de Galicia (REDE), Paulino Campos, por supuestas «agresión, amenazas y coacciones» a uno de los usuarios.

En concreto, según confirman a Europa Press fuentes judiciales, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Chantada emitió el miércoles una resolución a través de la cual «ha iniciado el procedimiento penal para la investigación de los hechos» recogidos en la denuncia, una vez recibido el atestado por parte del Instituto Armado.

Esta denuncia fue interpuesta el sábado 15 de mayo por el presidente de REDE –en calidad de «amigo» del anciano supuestamente agredido– y por otra persona por unos hechos que la empresa niega.

Según consta en el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Europa Press, el primero de los episodios relatados data del pasado 7 de mayo, cuando la directora del centro entró en la habitación de este usuario «con un tono de voz muy alto, exaltado y agitado».

De hecho, Petri Rodríguez le reprochaba haberse «comunicado con el exterior» para denunciar que –recoge la denuncia– los 200 mayores de la residencia llevaban días «en confinamiento ilegal» por un brote de covid que afectaba a menos de una decena de personas y del que ahora ya no quedan casos.

Así pues, en ese momento, el anciano fue «empujado y arrinconado contra la pared» por la directora «en un claro acto de agresión física», mientras él le instó a «terminar inmediatamente la acción violenta y a que se pusiera a una distancia mínima de un metro como corresponde a las medidas de seguridad y prevención» ante la covid.

Según la denuncia del presidente de REDE, las 200 personas que viven en DomusVi Chantada «fueron liberadas del confinamiento» al día siguiente, cuando el supuestamente agredido «tenía la intención de denunciar» los hechos ante la Guardia Civil, algo que «no pudo llevar a cabo por los impedimentos mostrados por la residencia para poder salir de sus instalaciones».

UN TELÉFONO «INUTILIZADO»

A mayores, el escrito presentado señala cómo el pasado miércoles, 12 de mayo, a este usuario «le fue inutilizado (bloqueado) el teléfono». Así, tuvo que pedirle el terminal a un compañero del centro para llamar a Paulino Campos, a quien le aseguró que sus hijos «habían decidido bloquearle el teléfono a petición de la directora de DomusVi Chantada con amenazas y coacciones», al tiempo que solicitaba «ayuda» para que el supuesto episodio de agresiones fuesen puestos en conocimiento de la Guardia Civil.

Asimismo, la denuncia asegura que este usuario, que confesó estar dispuesto a llegar «hasta donde haga falta» para esclarecer los hechos, ya había sido agredido en otra ocasión «por un residente con las facultades perturbadas» sin que la dirección del geriátrico «tomase medidas preventivas» posteriormente.

«Por todo esto, se siente amenazado y perseguido, por lo que solicita la acción de la justicia, así como que se abra la posibilidad de un traslado de residencia en vista de los acontecimientos violentos recurrentes contra él y las libertades fundamentales (entre ellas las de libertad de expresión) por las que debería estar amparado», concluye el escrito.

DOMUSVI NIEGA LOS HECHOS

Tras la presentación de la denuncia ante la Guardia Civil, fuentes de DomusVi consultadas por Europa Press aseguran que los hechos de los que se le acusa a Petri Rodríguez «son totalmente infundados, distorsionados y no responden a la realidad».

Además, la compañía destaca que «cuenta con el total apoyo» de los familiares del usuario supuestamente agredido, ya que no están de acuerdo con la interposición de esta denuncia y «no dudan de la buena gestión realizada por parte de los empleados y la propia dirección» –aseguran las mismas fuentes de la compañía–.

No en vano, la dirección de DomusVi Chantada ha avanzado que valorará emprender acciones legales frente a «las graves acusaciones recibidas» por parte del presidente de REDE.

En cualquier caso, el juzgado ha abierto diligencias para iniciar la investigación de los hechos denunciados, después de haber recibido el atestado con las declaraciones tomadas a los implicados y a la familia por parte de la Guardia Civil.