El Gobierno calcula que de aquí a 2050, España tendrá 800.000 estudiantes menos de entre 3 y 15 años debido a los cambios demográficos que se producirán en el futuro cercano, en los que se prevé un estancamiento en la natalidad, o casi un millón menos de estudiantes hasta los 24 años, según recoge el plan ‘España 2050’, que se ha presentado este jueves.

Sin embargo, el Ejecutivo no ve esto como un «drama» sino como una «oportunidad», según ha asegurado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, gracias a ello, España «podrá duplicar el presupuesto por alumno hasta equipararlo con el que ya tiene Dinamarca sin incurrir en un incremento significativo del gasto público», según recoge el plan, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además, este hecho, unido a la generalización de las tecnologías digitales en los centros y hogares, permitirá, según el actual Gobierno, dar una educación más personalizada a los alumnos, combatir con mayor eficacia fenómenos como el abandono o la segregación escolar, y cosechar las ganancias de cobertura y aprendizaje que necesita España para situar al país en la vanguardia educativa.

«El desafío educativo es, probablemente, el más importante de todos», ha manifestado Sánchez, que afirma que para converger con los países europeos líderes en educación, España deberá hacer dos cosas. La primera de ellas, será mejorar sus niveles de aprendizaje, con un aumento de 20 puntos en el informe PISA y aumentar la proporción de población que obtiene la ESO en 3 puntos porcentuales.

En dicho plan, el Gobierno ensalza la evolución experimentada en el ámbito de la Educación en España en los últimos 40 años (de hecho, llega a decir que «España ha protagonizado la revolución educativa másespectacular de Europa»).

No obstante, el Gobierno también reconoce que el sistema educativo aún presenta «carencias importantes» que están impidiendo sacar el máximo potencial de cada estudiante y están teniendo efectos negativos sobre el empleo, el crecimiento económico y el progreso social de todo el país. «Las más preocupantes son las elevadas tasas de repetición y abandono escolar; los bajos resultados de aprendizaje; la desigualdad educativa; y los altos niveles de segregación escolar», considera.

En este punto, el Ejecutivo sostiene que si no se afrontan con decisión, estas carencias seguirán lastrando el desarrollo del país y su ciudadanía. Así, sin «reformas de calado», de aquí a 2050, unos 3,4 millones de estudiantes podrían repetir curso; 2,2 millones podrían abandonar prematuramente la escuela; y España podría verse superada en aprendizaje y calidad educativa por países como Portugal, Hungría o Letonia. «Evitar este escenario debe ser nuestra máxima prioridad. Si España quiere seguir siendo un país próspero en el futuro, tendrá que alcanzar la vanguardia educativa antes de mediados de siglo», indica.

CINCO BLOQUES SUSCEPTIBLES DE MEJORAS

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno destaca cinco bloques en los que han de abordarse reformas de aquí a 2050. El primero de ellos guarda relación con el currículo, que actualmente es «excesivamente rígido y enciclopédico», al estar más orientado a la reproducción de contenidos (datos, fórmulas, hechos históricos) que al desarrollo de competencias más relevantes para la vida y el aprendizaje profundo.

Por ello, el Gobierno propone «desarrollar un currículum centrado en la adquisición y evaluación competencial» y que desarrolle las disciplinas STEM, las capacidades necesarias para desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad y el pensamiento a futuro o competencias técnicas.

Además, apuesta por que este currículum esté descentralizado, es decir, que en su creación participe el Estado (parte básica), las comunidades autónomas y los propios centros educativos, y que se hagan revisiones periódicas del currículum cada 8 ó 10 años.

La segunda reforma iría orientada a la carrera docente, pues el sistema de selección, formación y evaluación del desempeño docente presenta «varias carencias», según el Gobierno, que están limitando la capacidad para tener a los mejores profesionales posibles en cada aula.

Para mejorar esto, se recomienda que se eleven los requisitos de acceso a la profesión docente y se adapten los procesos de oposición para que se valore la motivación, habilidades comunicativas y socioemocionales, gestión de la diversidad o el liderazgo, y no solo la capacidad de memorizar temarios; la realización de prácticas continuadas y remuneradas durante dos cursos escolares en un centro educativo; la mejora de las condiciones laborales del profesorado de educación de 0 a 3 años; y pagar mejores sueldos a profesores de centros educativos en contextos socioeconómicos menos favorecidos.

Con respecto a la gobernanza educativa, el Gobierno considera que en España, la toma de decisiones educativas recae en «un sistema institucional demasiado burocratizado», que la autonomía de los centros educativos es «baja», que existe «poca profesionalización» en los equipos directivos y que existe «baja cooperación» por parte de los agentes sociales (sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones de madres y padres, asociaciones de estudiantes).

Por ello, plantea la mejora de la profesionalización e internacionalización de los cargos políticos y los cuadros técnicos intermedios, ampliar la autonomía y la capacidad organizativa de los centros, establecer reglas y mecanismos de control de la admisión que aseguren una escolarización equilibrada o modernizar la inspección educativa.

En cuarto lugar, el documento propone la reforma del sistema de evaluación, ya que España «aún carece de un mecanismo eficaz para evaluar lo que ocurre dentro y fuera del aula». Así, el Gobierno propone sustituir el actual sistema de titulación al finalizar la ESO por un modelo de certificación competencial del aprendizaje, así como el rediseño de los objetivos de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para avanzar hacia la evaluación por competencias.

Por último, el Gobierno pone el foco en la financiación, que «siguesiendo insuficiente», por lo que aboga por «incrementar progresivamente los recursos económicos que se dedican a la educación hasta alcanzar la media actual de la UE-8», tanto en gasto sobre PIB como en gasto por estudiante, con el objetivo de poder financiar las políticas propuestas.