El BNG ha pedido explicaciones al Gobierno de Vigo después de que el Consello de Contas de Galicia trasladase en un informe que el Ayuntamiento vigués incumplió en 2018 los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, a raíz del rescate de la concesión del Auditorio-Pazo de Congresos Mar de Vigo.

El concejal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, ha mantenido que con ello el organismo fiscalizador «confirma que la operación de rescate del Auditorio Mar de Vigo fue un negocio ruinoso para la ciudad», lo que ha considerado «consecuencia del modelo privatizador impulsado para la puesta en marcha de esa dotación».

Por otro lado, Pérez Igrexas también ha señalado que es «muy preocupante la advertencia del Consello de Contas en relación a la estructural falta de personal municipal». Así, ha dicho que «supone una evidente limitación para el estricto cumplimiento de la normativa y la adecuada gestión de los recursos públicos».

Además, ha criticado que «ocho de cada 10 subvenciones fueran concedidas a dedo, con carácter nominativo, y no a través de procesos transparentes y de libre concurrencia, como marca la ley»; así como «el evidente abuso de los contratos menores por parte del ejecutivo local».

INFORME DE CONTAS

El Consello de Contas de Galicia confirmó en su ‘Informe de fiscalización selectiva del Ayuntamiento de Vigo’ que esta administración local, en su ejercicio de 2018, incumplió los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, lo que vinculó al rescate de la concesión del Auditorio-Pazo de Congresos Mar de Vigo, por un importe de 35,2 millones.

Asimismo, indicó también que el Ayuntamiento no contaba en 2018 «con una suficiente estructura de personal para dar cobertura a las exigencias» del real decreto que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Así, remarcó que «existe una plaza de habilitación nacional que no está cubierta».

En cuanto a las subvenciones, comentó que el procedimiento de concesión de subvenciones más empleado fue la concesión directa nominativa, firmándose 93 convenios o subvenciones nominativas, y en régimen de concurrencia «solo 23». A este respecto, Contas apuntó que se «debería dar preferencia al procedimiento ordinario de concesión de subvenciones, que es la tramitación en régimen de concurrencia competitiva».

Finalmente, afirmó que el ente local «cuenta con liquidez para hacer frente a corto plazo a su pasivo corriente», ya que contaba al final del ejercicio fiscalizado con 78,5 millones de euros de fondos líquidos, 85,5 millones de euros en derechos pendientes de cobro y 28,5 millones en obligaciones pendientes de pago.