La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha anunciado este miércoles una «ofensiva política» de la formación nacionalista en el Parlamento, Congreso y en los ayuntamientos en contra de la posibilidad de que se cobren peajes por circular por las autovías, una medida que baraja el Gobierno central y que tacha de «antisocial, discriminatoria» con Galicia por su condición de periférica.

«El anuncio está generando una gran preocupación y oposición social, tanto entre la ciudadanía de la calle, que ve con escándalo un nuevo sablazo a unas economías familiares muy debilitadas, como entre las empresas, porque la medida afectaría de lleno a su competitividad y en particular a las que dependen de las autovías para exportar sus productos», ha advertido Pontón.

En rueda de prensa, ha trasladado la «total oposición» a una medida que, ha dicho, «solo tiene afán recaudatorio y tiene como único beneficiario a las multinacionales de la construcción».

Para la líder del BNG, la propuesta es «especialmente negativa» para Galicia, por tres motivos: la condición de periférica, el menor nivel de renta de la ciudadanía y por el infra desarrollo de las redes públicas de transporte por «una discriminación que hace que este país carezca de infraestructuras que otros territorios tienen desde hace décadas».

«El Gobierno del Estado tiene una deuda histórica con Galicia en infraestructuras», ha aseverado Pontón, quien ha recordado el «lastre» de «soportar» otros peajes «elevadísimos» como el de la AP-9.

RECAUDACIÓN

La formación nacionalista recuerda que la medida fue diseñada por el ejecutivo popular en el que Ana Pastor era ministra de Fomento y en el documento que elevó a la Comisión de asuntos económicos se hablaba de una recaudación superior a los 2.700 millones de euros. «Ahora es el PSOE el que coge el relevo», lamenta Pontón, quien considera que es «falaz» que sea una medida ecológica, porque «verde sería fomentar el transporte colectivo, pero en Galicia vemos que, con la excepción del eje A Coruña-Vigo, hay un desmantelamiento progresivo de los servicios del tren».

En cuanto al argumento de que, quien usa paga, también lo ve «falaz», porque si se traslada esta premisa a otras infraestructuras y servicios públicos, las personas que no tienen hijos podrían alegar que «no tienen que pagar las escuelas infantiles o el sistema universitario porque no lo van a usar».