El Consello de Contas alerta, en su informe sobre la contratación del sector local de Galicia correspondiente al ejercicio 2017, de un «alto grado de incumplimiento» de la obligación de remitir a este organismo dentro de los dos primeros meses de cada ejercicio la relación anual de los contratos formalizados en el precedente, incluidos los contratos menores.

Según expone, de las 441 entidades que forman parte del sector público local de Galicia –entre las que figuran ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, consorcios o fundaciones, entre otros–, solo 303 remiten la relación anual de contratos o certificación negativa, un 68,71% del total. El resto, 138, «no remiten ninguna información sobre su actividad contractual, lo que supone un porcentaje de incumplimiento global del 31,29%», apunta.

En sus conclusiones, precisa que de las 303 entidades que remiten la relación exigida por la ley, únicamente 58 la envían dentro del plazo establecido por las instrucciones del Tribunal de Cuentas y el Consello de Contas. Las 245 entidades restantes lo hacen fuera de plazo.

«De los 96 expedientes de contratación comunicados, solo 30 están completos, presentando el resto una o varias incidencias, siendo la más frecuente la omisión del enlace al perfil del contratante en el que se encuentra la información relativa a cada uno de los expedientes de contratación remitidos (44,79%)».

«Seguido de la omisión del informe de valoración de ofertas (29,17%) y de la omisión del contrato formalizado (16,67% de los expedientes)», cita en relación a los motivos.

EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

Según la información relativa al ejercicio 2017, las entidades locales de Galicia formalizaron 2.297 expedientes de contratación por un importe global de 369.719.802,23 euros, correspondiendo el mayor volumen de contratación a los ayuntamientos, tanto en número de contratos (1.839 expedientes que suponen el 80,06% del total) como en importes formalizados (287.081.266,23 euros, el 77,65% del total).

Atendiendo al tipo de contrato, el mayor volumen de contratación se materializa en contratos de servicios (43,03%), seguido de los contratos de obras (42,93%). Le siguen, por orden de importancia en el volumen de contratación, los contratos de gestión de servicios públicos (9,77% del volumen y 1,09% del número de contratos) y los contratos de suministros (9,68% del volumen y 16,15% del número de contratos).

El informe apunta también que la información contenida en la relación anual de contratos permite identificar a tres entidades locales –Vigo, A Capela y Lalín– que, formalizando durante el ejercicio 2017 en total 24 expedientes de contratación por importe de 29.404.218,92 euros, de ellos 22 de Vigo por importe de 28,3 millones, incumplieron la norma al no remitir el extracto y la documentación exigida.

El Consello de Contas destaca, por otra parte, que los procedimientos de adjudicación se ajustan a la normativa, aunque apunta que es «escasa» la información que se publica sobre las contrataciones programadas. Subraya, mientras, un correcto cumplimiento en la publicidad de la licitación.

De acuerdo con los datos recabados, el Consello de Contas insiste en que las distintas entidades afectadas por la obligación de remitir información sobre su actividad contractual «deben adoptar medidas que garanticen dicho cumplimiento en los plazos y forma indicada».

AYUNTAMIENTO DE PADRÓN

Mientras, en un informe sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Padrón correspondiente a los ejercicios 2015-2017, Contas alerta del uso «inadecuado» de la vía de contratación menor. «Formalizando reiteradamente contratos en los que la prestación excede de las limitaciones legales respeto a la cuantía, el plazo o ambas, con el fin de evitar el procedimiento de licitación establecido en la legislación de contratos».

«De la comprobación efectuada sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y del límite de deuda pública la entidad cumple con los tres objetivos en el 2015, pero a partir del ejercicio 2016 el ayuntamiento incumple la regla de gasto, por lo que fue necesario aprobar un plan económico financiero, por el pleno del ayuntamiento, con vigencia en los ejercicios 2017 y 2018, sin que fuera posible cumplir con el objetivo», remarca también.

Por todo ello, incide en la necesidad de que se elabore «un presupuesto más realista con las necesidades del ayuntamiento, que permita una reducción significativa de las modificaciones presupuestarias» y plantea «mejorar» la transparencia y establecer protocolos de gestión y control.