El viceportavoz del Grupo Socialista, Pablo Arangüena, y la portavoz de Política Social del PSdeG, Marina Ortega, han denunciado «dejación de funciones, descuido y ocultación de datos» por parte de la Xunta sobre el sistema de residencias de Galicia «antes y durante la pandemia», al tiempo que han exigido una investigación «exhaustiva» de lo ocurrido.

«Hay un problema grave derivado de una tendencia extrema a la privatización de los servicios geriátricos, que nos sitúa a la vanguardia de España en privatización, junto con la comunidad de Madrid», ha denunciado Arangüena, tras trasladar que Galicia es «la segunda comunidad de España con menos inspectores de residencias y, por eso, el número de sanciones que se imponen cada año es ridículo».

En esta línea, ha esgrimido que el grupo Domus Vi «tiene denuncias reiteradas por imponer unas condiciones laborales de semi esclavitud y por una adecuada alimentación para ahorrar costes hasta el punto de provocar casos de desnutrición», además de «por no cumplir los ratios de personal». «Nunca son sancionados porque están en connivencia con la Xunta», ha añadido.

También se ha referido al caso de la Fundación San Rosendo, cuyo presidente de honor «es un señor que fue condenado por sentencia firme del Tribunal Supremo a cinco años de prisión e inhabilitación por estafarle 600.000 euros a una señora con alzhéimer que residía en uno de sus centros». Así, ha lamentado que, «de esos 5 años de prisión, únicamente cumplió 2 meses y fue excarcelado, ventajas de tener contactos en el cielo y en el PP».

También se ha referido al caso del centro de Salvaterra do Miño, «la residencia de los horrores, como fue calificada por algún medio», después de recordar que «la Xunta no hizo nada» ante la denuncia de una trabajadora en la que alertaba, en 2017, sobre «una cuestión de humanidad».

En esta línea, ha indicado que «el propietario del 50% de esta residencia es un antiguo fugitivo de la Interpol, preso en la actualidad por narcotráfico en Brasil, detenido en 2011 por introducir cocaína en Europa e identificado como líder de la red en Europa de un gran narco colombiano», lo que significa –ha remarcado– que «narcotraficantes internacionales montan residencias de mayores concertadas con la Xunta».

«VISTA GORDA»

Así, Arangüena ha concluido que «la Xunta del PP tiene el máximo interés en hacer la vista gorda ante lo que allí acontece», lo que presupone que «la tendencia a la privatización del cuidado de los mayores va en paralelo con la confluencia con intereses políticos concretos y, en última instancia, con la connivencia con esos mismos intereses».

En este punto, ha lamentado que el sistema de residencias de Galicia esté basado «en el lucro, en la inmoralidad, en la ilegalidad y en la falta de ética» en la que existe «una mezcla de corrupción, opacidad y negocios multimillonarios». «Descuido como mínimo, connivencia, en todo caso, ausencia deliberada de control, opacidad total y sospechas de manipulación de datos», ha esgrimido.

LEY DE SALUD PÚBLICA

En otro orden de cosas, el viceportavoz socialista ha lamentado el «espectáculo insólito del Grupo Popular aprobando en el Parlamento de Galicia una iniciativa para pedirle al gobierno de España que retire el recurso de inconstitucionalidad contra su ley de salud».

«Es lamentable», ha censurado el dirigente socialista al argumentar que «es tanto como pedirle al Gobierno que prevarique y que no defienda los derechos y libertades de la ciudadanía que el señor Feijóo ataca con su ley». Además, subrayó que «no tiene ninguna necesidad de hacerlo» porque «el TSXG siempre aprobó las medidas restrictivas solicitadas por la Xunta».

MARINA ORTEGA: «TENEMOS 790 RAZONES»

Por su parte, la portavoz de Política Social del Grupo Socialista, Marina Ortega, ha instado a la Xunta a esclarecer lo ocurrido en las residencias de mayores durante la pandemia, ya que «hay 790 razones», ha dicho, en alusión a las personas mayores fallecidas durante la pandemia en estos centros. «Es un sentir de las familias» y también «un deber del Gobierno gallego», ha sentenciado.

Al respecto, ha exigido al Ejecutivo autonómico los «datos de fallecidos desglosados por centros» que «ya se solicitaron por todas las fórmulas reglamentarias posibles, sin respuesta por parte de la Xunta». En esta línea, también ha exigido saber «cuáles fueron las restricciones en las residencias de mayores a las personas mayores que estuvieron confinadas, de qué manera, qué número de horas o cuántos días».

Finalmente, ha situado el diseño de un nuevo modelo de residencias como «un desafío» que no se debe afrontar de modo «reduccionista».