Trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar agrupadas en torno a la plataforma SAF Galiza han denunciado despidos en compañías concesionarias que atribuyen a razones económicas para aumentar los márgenes de beneficio que reporta un servicio que, según remarcan, «no genera actividad empresarial» más allá de las aportaciones económicas de las administraciones.

Así lo han explicado en una rueda de prensa celebrada este viernes en Santiago María José Fernández, Ximena González y Ángeles Poyán, esta última, trabajadora del SAF de Chantada (Lugo) recientemente despedida junto a otra compañera por razones de «bajo rendimiento» tras permanecer meses de baja laboral.

En apoyo a estas dos trabajadoras y a otras seis exempleadas del SAF de Ourense también despedidas recientemente han sido convocadas dos manifestaciones el próximo sábado 22 de mayo.

En ellas, reclamarán la readmisión de las despedidas y pedirán la apertura de un debate sobre el modelo del servicio de ayuda en el hogar que, según advierten, camina hacia la «generalización» de la concesión del contrato de servicios que, en ocasiones, asumen empresas «ajenas» al sector de los cuidados, como constructoras o grandes multinacionales.

Así, denuncian que la introducción de las empresas privadas que entienden el servicio «como un negocio» ha supuesto una «precarización» de las condiciones laborales, con una reducción en las horas trabajadas y falta de medios materiales y humanos; lo que también se traduce en el «empeoramiento» de la atención a las personas, en su mayoría mayores y con un grado alto de dependencia.

Según ha explicado Ximena González, en la actualidad existen tres modalidades en la prestación de los servicios de ayuda en el hogar, compentencia que recae en las administraciones locales.

La asunción directa por los ayuntamientos es una de estas tres modalidades, si bien los últimos años, ha incidido, los servicios han sido convocados para su prestación por empresas privadas, que bien lo realizan en su totalidad o en parte.

Sobre este último modelo, la plataforma señala que en la prestación del servicio «unas horas son públicas» y las otras están «privatizadas», aunque las condiciones laborales para las trabajadoras «son absolutamente diferentes» entre las que están vinculadas al ayuntamiento y las que lo hacen a la concesionaria.

En este sentido, sostienen que existe una merma en la calidad del servicio prestado y en las condiciones laborales que, según el colectivo, responde a que el SAF es entendido como «un negocio» para las empresas que entran en el sector «a lucrarse».

«El mismo dinero que las administraciones destinan hoy a financiar los servicios, si quitásemos el beneficio que obtienen las concesionarias, serviría para mejorar la atención de las personas y las condiciones de las trabajadoras», ha remarcado Ximena González, que, en boca de la plataforma, ha reclamado la apertura del debate sobre la remunicipalización del SAF.

Todo ello, dicen, sin que los ayuntamientos y la administración autonómica cumplan con su labor de control sobre la prestación de los servicios por parte de las concesionarias.

«INVISIBILIZADAS»

Así las cosas, las trabajadores dicen sentirse «invisibilizadas» como, a su juicio, demuestra que a lo largo de la pandemia y pese a contar con la consideración de servicio esencial, «no se reconoció» el contagio por covid como enfermedad o tuvieron que desempeñar sus tareas con «escasez» de EPIs y, en ocasiones, con mascarillas y batas «defectuosas».

«Algunas compañeras tuvieron que ir a trabajar con batas del Prestige y mascarillas de ir a sulfatar», ha denunciado María José Fernández, que ha hecho hincapié en que el convenio del sector está «obsoleto» y es preciso renovarlo.

Otro de los aspectos que ven necesario abordar es la «separación» entre los servicios de limpieza y la atención a las personas o la reconsideración de las bases de cotización y que se aplique el cociente reductor por el desgaste físico y psicológico al que deben hacer frente estas trabajadoras.