El Gobierno central ha replicado a la Xunta que es «competencia» de la Administración gallega «ampliar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a los bienes muebles e inmuebles del Pazo de Meirás.
Así lo ha trasladado después de que el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Roddríguez, pidiese al Ejecutivo central «herramientas» para preservar los bienes con todas las garantías jurídicas y señalase que los servicios jurídicos autonómicos consideran que debe ser el Estado, como propietario actual, quien ejecute los trámites para ampliar la declaración BIC de 2008 del pazo.
Según informa el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el 7 de mayo se envió un escrito en el que «se recuerda al Ejecutivo autonómico que es obligación de la Administración del Estado, como propietaria del Pazo de Meirás, poner en conocimiento de la Xunta de Galicia la existencia de diversos bienes, muebles o inmuebles, claramente asociados a los valores históricos que justificaron la declaración del BIC del pazo de Meirás».
«Y solicitar de dicha Administración la iniciación del procedimiento de modificación de la declaración de bien interés cultural de las Torres de Meirás para incluir en ella la identificación y la descripción de las partes integrantes y los bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, se deban incorporar a la declaración», apunta.
El Gobierno central justifica que la competencia para la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento corresponde a la Xunta de Galicia por tratarse de la modificación de un decreto de la Xunta y porque, añade citando la Ley de Patrimonio Histórico Español, es «competencia de las comunidades autónomas la declaración de bien de interés cultural».
Sobre este particular, explica que la Abogacía del Estado concluye en un informe que la competencia para la declaración de BIC de los bienes de Meirás corresponde a la Xunta y no a la Administración central. También sostiene que ésta puede solicitar de la Comunidad Autónoma de Galicia la iniciación del procedimiento para declarar o completar la declaración de BIC, como parte interesada.
«OBJETIVO COMÚN», PARA MIÑONES
Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se ha mostrado este miércoles optimista sobre «el objetivo común» de las administraciones de lograr que los bienes muebles del pazo se mantengan en Meirás.
Un proceso en el que, según Miñones, la «aportación» de la Xunta a la hora de las declaraciones como bienes de interés cultural (BIC) «va a ser muy importante».
En este sentido, ha apuntado que los servicios jurídicos del Estado y la Xunta mantienen sus colaboración para «conseguir que cuanto antes se puedan declarar como BIC todos los bienes muebles» y «todo sea más fácil» para lograr que los herederos del dictador no retiren los elementos que alberga el complejo de Sada.
PETICIÓN DE SADA
A su vez, el alcalde de Sada, Benito Portela, en representación del Ayuntamiento, ha presentado formalmente ante la Consellería de Cultura un escrito de solicitud para la modificación del Decreto BIC del Pazo de Meirás del 2008, según informa.
En el escrito justifica la necesidad para «la incorporación de una relación detallada de bienes muebles asociados a la categoría de sitio histórico y al establecimiento de un régimen transitorio de usos del inmueble».»Dado el pretendido destino dotacional público del mismo y hasta la aprobación y entrada en vigor del plan especial de protección».
En la solicitud, el Ayuntamiento de Sada recuerda anteriores escritos dirigidos por el alcalde al conselleiro de Cultura, así como acuerdos plenarios en los que se instaba a la Xunta a modificar, y con urgencia, el Decreto 299/2008, de declaración BIC.
«Una modificación BIC que otorgaría, ya desde el momento de su incoación y publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), la tutela y protección a dichos bienes muebles, lo que evitaría el vacío material del pazo que pretenden los herederos del dictador», argumenta.
Además, sostiene que los incidentes de ejecución presentados por Sada y el Estado y los recursos de reposición de las administraciones no deben impedir que la Xunta acuerde la modificación BIC «para dar mayor seguridad jurídica de futuro». Como el Gobierno, defiende que es la Administración gallega «quien ostenta la plena y exclusiva competencia para tal modificación».
