El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado, con la abstención del BNG y el rechazo de los socialistas, una iniciativa para que la Xunta demande al Gobierno central adecuar la legislación sanitaria estatal por la pandemia y retirar la solicitud de suspensión de parte de la ley de salud gallega.

A través de la iniciativa defendida en el pleno ordinario que este miércoles ha acogido el Pazo do Hórreo por el PPdeG, que ha rechazado sendas enmiendas del BNG y el PSdeG, se ha instado al Gobierno gallego a pedir al Ejecutivo central la actualización de la legislación orgánica para proporcionar a las autoridades competentes «el mejor marco jurídico posible» para afrontar situaciones «presentes y futuras» de «riesgo grave para la salud pública».

Además, se ha reclamado que, mientras no concluya la actualización de la ley estatal de salud, el Gobierno «desista de solicitar la suspensión de la normativa legal aprobada por los distintos órganos legislativos autonómicos» para dar respuesta a las necesidades que afrontan las autoridades sanitarias competentes y «para las que la actual legislación orgánica resulta insuficiente».

El pasado 21 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno central contra la reforma de la ley gallega de salud y, en consecuencia, la suspensión del apartado cinco del artículo único de la modificación, en el que se definen actuaciones concretas y medidas a adoptar frente a la pandemia, como la vacunación.

En la defensa de la iniciativa, el diputado popular Miguel Tellado ha responsabilizado al Gobierno central de las aglomeraciones que tuvieron lugar este fin de semana en algunas ciudades españolas por «negarse a crear un marco jurídico» para «evitar» esas situaciones. Así, ha criticado que no se actualizase la ley orgánica de salud, lo que, a su juicio, ha conllevado que después de decaer el estado de alarma este fin de semana el Gobierno «convirtió al Tribunal Supremo en un juzgado de guardia» dada su capacidad para avalar o rechazar el establecimiento de restricciones.

Frente a ello, ha reivindicado la aprobación de la reforma de la ley gallega de salud en el Parlamento autonómico que «garantiza una respuesta proporcionada» a la pandemia, aunque ha reprobado que el PSdeG y el BNG «se situasen al lado de los negacionistas de Vox» al rechazarla. Así, Tellado ha insistido en que la normativa «permite tener mecanismos para la desescalada» y «evitar» una nueva ola de la pandemia y ha criticado que el Gobierno central, que «ni trabaja ni deja trabajar», solicitase la suspensión de parte del articulado ante el Tribunal Constitucional.

Después del debate, Tellado ha aceptado retirar la alusión al diputado socialista Pablo Arangüena como «palmero» ante las quejas del mismo y después de que el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, señalase que no podía considerarse como «un insulto».

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Mientras, la diputada nacionalista Iria Carreira ha denunciado que «la capacidad de autogestión se desvanezca» en la comunidad ante la pandemia y ha lamentado que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, se encuentre «instalado en la política de la queja» y «cómodo» frente a «una delegación de competencias a Madrid».

Ante la crisis sanitaria actual, ha defendido la importancia de reforzar el sistema sanitario gallego y sus recursos y ha reiterado que el BNG se opuso a la reforma de la ley gallega de salud dado que «solo puso encima de la mesa medidas de carácter restrictivo» y «no responde a las necesidades de la pandemia».

Por su parte, el diputado socialista Julio Torrado ha defendido que existen «mecanismos» para hacer efectiva una «vulneración de derechos y libertades fundamentales», pero ha señalado que «otra cosa» es que «alguno» busque «poder levantarse» y decidir «lo que quiere» al respecto. Además, ha reprobado que «cuando hay estado de alarma, el PP no lo quiere» y «cuando no lo hay, lo quiere», por lo que se ha preguntado «qué votaría hoy» si su aplicación se sometiese de nuevo al Congreso de los Diputados.

Torrado también ha acusado a la Xunta de haber impulsado la modificación de la ley gallega de salud a través del PPdeG para que Feijóo «pudiese decidir qué derechos y libertades podía restringir sin pedir autorización al Gobierno central». Adicionalmente, ha acusado al Ejecutivo autonómico de «intentar tergiversar conductas» observadas en «muy bajo nivel» dado que la «ciudadanía se comporta magníficamente». «Usted querría que la población gallega se portase mal para echárselo en cara al Gobierno», ha reprochado a Tellado el diputado socialista.

INICIATIVAS RECHAZADAS

En otro orden de cosas, el PPdeG ha votado en contra de dos iniciativas socialistas. En la primera de ellas, que ha sido apoyada por los nacionalistas, el PSdeG demandaba que todas las subvenciones de la Xunta destinadas a ayuntamientos se convocasen en régimen de concurrencia competitiva «con criterios claros, objetivos y previamente consensuados con la Fegamp». Del mismo modo, pedía al Gobierno gallego la elaboración de un plan para frenar la despoblación en municipios de menos de 20.000 habitantes y el envío al Parlamento de información sobre las solicitudes presentadas por orden de llegada de la documentación de los solicitantes.

En el debate de la iniciativa, socialistas y nacionalistas han criticado la adjudicación de fondos mediante convenios o convocatorias en régimen de concurrencia competitiva y han defendido que se distribuyan a través del fondo de cooperación local. En cambio, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, Paula Prado, ha reiterado la importancia de que el Gobierno central establezca un nuevo modelo de financiaciónautonómico y local.

Los populares también han votado en contra de otra iniciativa socialista, ante la que el BNG se ha abstenido, para reclamar a la Xunta el impulso de medidas que eviten la exclusión financiera de consumidores gallegos y permitan su accesibilidad digital. También se pedía que estudiase el impacto de la concentración financiera en la comunidad.

El diputado socialista Francisco Rivera ha reprobado que entidades financieras con beneficios acometan reducciones de plantillas y oficinas, mientras la diputada del BNG Noa Presas ha criticado la «falta» de actuación del Gobierno y que «Feijóo dé ayudas» a las mismas para que «pongan cajeros donde cerraron oficinas». Asimismo, la diputada popular Sandra Vázquez ha pedido al Gobierno central un plan contra la exclusión financiera en el ámbito rural.