La Diputación de Pontevedra ha calificado de «obligada» la «rectificación» del Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo sobre la nueva sociedad público-privada que gestionará los fondos Next Generation y cuyo consejo de administración se constituyó unicamente con representación masculina. Así, el propio presidente de la Xunta dijo el pasado viernes que habría mujeres en los órganos de dirección que faltaban por establecerse.

Con todo, el ente provincial, presidido por la socialista Carmela Silva, ha remitido un escrito al consejo de la entidad y más de un centenar de comunicaciones a la valedora do Pobo, al Gobierno de España, a las organizaciones empresariales y a los medios de comunicación para «reclamar un compromiso real con la paridad».

«Cuando las mujeres denuncian comportamientos en los que no se cuenta con la mitad de la población y con su talento, no queda otra que rectificar», ha señalado en un comunicado.

La institución provincial saluda la rectificación, aunque la considera «un cambio obligado por la denuncia» y ha observado una «justificación titubeante y absurda del presidente de la Xunta», cuando «intentó justificar que la composición no era la definitiva, cuando todo el mundo sabía que sí lo era».

Con todo, la Diputación de Pontevedra ha remitido este lunes más de un centenar de comunicaciones en las que, además de solicitar la «complicidad de todos los colectivos» para hacer frente a la «lucha de forma conjunta» a la situación, para que tampoco «participen» en todos aquellos actos en los que las mujeres no estén presentes.

ESCRITO A LA VALEDORA DO POBO

Además, en su escrito dirigido a la valedora do Pobo, le traslada la denuncia de los hechos, en la que «estaría incumpliéndose la legislación si no se hubiese dado marcha atrás en la inaceptable representación de la sociedad de este consejo».

«Esta disfuncionalidad generada por la ausencia de mujeres está contradiciendo numerosas disposiciones legales que se encuentran en el Tratado de Ámsterdam, que insta a la igualdad se integre en todas las políticas y acciones de la Unión Europea y Estados miembro», recuerda.

La Diputación de Pontevedra también señala que la propia Constitución española en sus artículos 9.2 y 14 manifiesta el derecho a la igualdad formal y efectiva. Al tiempo, contraviene los artículos 1, 6, 14, 15 16 y la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad que, entre otras cuestiones, «insta a los poderes públicos a atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones».

Asimismo, en lo que respecta a la Comunidad gallega, la composición exclusivamente con hombres es contraria a los artículos 1, 2 y 5 del Decreto Legislativo 2/2015 de Igualdad donde se recoge, entre otros aspectos, que la Xunta tiene que integrar la igualdad en las políticas y acciones que impulse y fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones.

FILOSOFÍA DE LOS FONDOS

Además, «contraviene» la filosofía de los mismos fondos europeos, advierte la diputación, que recuerda que tienen a la igualdad de género como uno de sus grandes ejes.

El ente provincial también se ha dirigido al Gobierno de España para informar de lo ocurrido, con un escrito especificamente dirigido a los integrantes del Ejecutivo que tienen responsabilidad en la valoración, control y gestión de los fondos europeos.