El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mantiene «razonablemente seguro» de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avalará las medidas de restricción que dictamine su Ejecutivo y que requieran autorización judicial, como hizo en ocasiones anteriores, como por ejemplo con la comarca lucense de A Mariña en pleno periodo electoral el pasado verano.
Con todo, ha asegurado estar a la expectativa y ha puesto el foco en las «contradictorias» decisiones ya se evidencian «antes incluso del fin del estado de alarma». A modo de ejemplo, ha apuntado al caso de Euskadi, con una importante incidencia del virus y cuyo tribunal superior no ha validado las restricciones que quería imponer el Gobierno. Sí se han avalado en Valencia, ha contrapuesto, pese a tener una mejor situación.
Feijóo, quien ha acusado al Ejecutivo estatal en días pasados de «desentenderse» de la gestión y de legislar abocando a una «judicialización» de la pandemia, ha profundizado este jueves en la misma idea, así como en la «enorme incertidumbre» y el «limbo legal» en el que se encontrarán las comunidades tras el fin del estado de alarma, que cada presidente autonómico trata de «sortear como puede».
A su modo de ver, la «dejadez» del Ejecutivo central obliga a «una cogobernanza atípica» de los gobiernos autonómicos con los tribunales superiores de cada autonomía. «No tiene ni orden ni concierto», ha advertido, antes de insistir en la «inseguridad e impotencia» que se genera, toda vez que «la pandemia no se ha acabado» por mucho que finalice el estado de alarma.
«SUSTITUIR EL TOQUE DE QUEDA CLÁSICO»
En esta coyuntura y dadas las «incertezas», el presidente ha defendido que su Gobierno ha optado por tratar de mantener unas restricciones lo más «suaves» posible y «sustituir» el toque de queda clásico por otras decisiones como prohibir la reunión de no convivientes en domicilios y exterior entre la una y las seis de la mañana.
Esta decisión exigirá, en todo caso, la autorización judicial; como también la de mantener el toque de queda y el cierre perimetral a nivel interno en la comunidad en los ayuntamientos –cinco hasta el momento– que se encuentren en riesgo epidemiológico extremo.
PETICIÓN BIEN FUNDAMENTADA
Asimismo, el presidente gallego, que también ha informado de que se había acordado en el Consello que la Xunta se persone en el procedimiento por el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno ha presentado por la ley de salud, ha remarcado que la Xunta se ha esforzado por tratar de buscar vías «seguras» jurídicamente.
Igualmente, ha incidido en que sus servicios jurídicos trabajan para que las peticiones que se formulen ante el TSXG vayan lo mejor fundamentadas posible y garantizar así el visto bueno judicial.
