Una empresa de mudanzas contratada por la familia Franco se ha trasladado este jueves al pazo de Meirás, después de que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña les diese un plazo de mes para retirar los bienes una vez que la Audiencia coruñesa revocó el depósito temporal de los mismos a favor del Estado.
Sin embargo, según ha explicado a Europa Press el letrado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, por parte del vigilante de seguridad se les ha denegado el accceso alegando que no tenían «autorización para poder entrar».
«Vamos a denunciar esta circunstancia ante el juzgado», ha explicado, precisando sobre esta decisión que lo que harán es poner en conocimiento estos hechos. Y es que esta parte ha asegurado que los recursos de reposición presentados por el Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa por el plazo para la retirada de bienes «no suspende» la resolución judicial.
REQUERIMIENTO AL ESTADO
El abogado de los Franco ha expuesto también que han pedido al juzgado que reitere el requerimiento al Estado para que se les permita el acceso con las personas autorizadas por la familia del dictador, después de que en la diligencia dictada por el mismo se requiriese al Estado para que así lo hiciese.
«Bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia», ha añadido sobre el posible delito en el que, a su juicio, podría incurrir la Administración central.
Sobre la presencia de la empresa de mudanza y preguntado si la intención era retirar ya en esta jornada bienes, Utrera-Molina ha asegurado que lo primero es «ver que tienen que llevar, calcular los metros cúbicos y los vehículos», ha dicho sobre el volumen de los bienes y el transporte necesario.
Respecto a lo existente en el pazo, los Franco ya han pedido autorización a la Xunta, por su consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), para quitar las estatuas del Mestre Mateo y también la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.
Mientras, la Abogacía del Estado, en su recurso de reposición por el plazo para retirar los bienes, ha pedido al juzgado, entre otras cuestiones, que se requiera a los Franco para que concreten un plan de actuación, indicando «las concretas personas, vehículos y empresas que realizarán la retirada para poder adecuar los planes y medidas de seguridad que se han establecido sobre el inmueble».
