La patronal gallega ha advertido de que la implantación del cobro de peajes por el uso de la red estatal de alta capacidad puede «perjudicar» la competitividad empresarial de la comunidad, además de incrementar el número de accidentes al fomentar «el desvío de tráfico a vías convencionales en peor estado».

En un comunicado, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha rechazado «con contundencia» el establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de autovías y autopistas a partir del año 2024 y la posible extensión de ese peaje a todas las carreteras de gran capacidad del país, tanto nacionales como regionales.

Así se ha pronunciado en relación al planteamiento de esta medida y la intención del Gobierno de llevar a cabo una campaña de «concienciación» sobre su necesidad recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.

A este respecto, la CEG ha alertado de que «la imposición de esta medida puede derivar en el desvío de tráfico a vías convencionales de peor estado», con el «consiguiente riesgo de incremento en el número de accidentes». También ha afirmado que esta situación implicaría una «pérdida de tiempo» para los usuarios particulares y los transportistas, que «perjudicaría todavía más la competitividad» de las empresas gallegas, «dañando la ya maltrecha economía e implicando el posible cierre de algunas de las mismas».

En este sentido, ha puesto el foco en «el déficit en infraestructuras» que padecen algunas zonas de Galicia, desde las que «solo es posible desplazarse a través de autovías»; y en «la falta en muchos casos de un sistema de transporte público adecuado y alternativo al desplazamiento en medios particulares».

Ante el hecho de que la fiscalidad española «es más gravosa» que la de otros países europeos y la crisis derivada de la pandemia, la patronal gallega ha concluido que una subida de impuestos «supondría un lastre para la recuperación y la creación de empleo». Así, ha defendido que la consolidación de las finanzas debe pasar por «la lucha contra la economía sumergida» y «la mejora de la eficiencia del gasto público».