Los servicios jurídicos del Congreso han vuelto a mostrarse en contra de que la Cámara investigue actividades del Rey Juan Carlos y esta vez lo han hecho a cuenta de una nueva solicitud cursada por las formaciones independentistas, sobre cuya tramitación se pronunciará este miércoles la Mesa del Congreso.

En este caso se trata de una comisión de investigación pedida por ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, CUP y BNG y se centra en las «presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por el ex jefe del Estado y las influencias diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí y Kazajistán».

Los letrados de la Cámara, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, defienden que no procede su admisión a trámite «teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional».

Como en ocasiones anteriores, los servicios jurídicos citan como los artículos 56.3 y 65 de la Constitución. El primero consagra la figura del Rey como «inviolable» y no «sujeta a responsabilidad» y el segundo establece que el Jefe del Estado distribuye libremente la partida presupuestaria que recibe cada año.

JURISPRUDENCIA EL TC

Para defender la no tramitación de la comisión de investigación, los letrados se amparan también en la interpretación que sobre esta materia ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en los precedentes existentes en la Cámara.

Con estos mismos argumentos, la Mesa del Congreso ya ha rechazado una decena de veces iniciativas similares a la registrada por los independentistas que, previsiblemente correrá el mismo camino gracias a la mayoría que conforman PSOE, PP y Vox. De los cuatro partidos que forman parte del órgano de gobierno de la Cámara, sólo Unidas Podemos apoya que se investigue al Rey emérito.

La iniciativa de los independentistas, recogida por Europa Press, toma como referencia un programa de TV3 en el que un exalcalde de la capital kazaja, actualmente refugiado en Suiza, asegura que en 2002 el presidente Nazarbayev entregó dinero a Juan Carlos I.

Las formaciones independentistas sostienen que este episodio, unido a las investigaciones que se lleven a cabo en Suiza y en la Fiscalía Anticorrupción sobre otros asuntos relativos al padre de Felipe VI, requiere la apertura de una comisión de investigación en el Congreso.

A su juicio, resulta «inaceptable» que no se conozca «la fortuna real de Juan Carlos I, ni si se encuentra en paraísos fiscales o escondida en fundaciones opacas», por lo que piden «investigar las supuestas irregularidades del anterior jefe del estado, así como sus cómplices, y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial con Arabia Saudí y Kazajistán».