El PP de Pontevedra ha acusado al gobierno local de estar realizando pagos «sin contrato» por unos terrenos para la construcción de una planta de compostaje en la parroquia de Canicouva, una denuncia que el ejecutivo municipal asegura que es «falsa».

Este viernes, los concejales del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez y Gerardo Pérez Puga, han comparecido en rueda de prensa para lanzar la denuncia, que aseguran que supone «un nuevo caso de despilfarro de dinero público del BNG».

Así, Domínguez se ha referido al contrato firmado en 2015 entre el ayuntamiento y la comunidad de montes de Canicouva para el alquiler de unos terrenos para la construcción de una planta de compostaje en esa parroquia.

El portavoz del PP local ha señalado que de la planta de compostaje, «a día de hoy no existe todavía ni proyecto, y desde el 2015 llevamos pagando 20.000 euros todos los años por unos terrenos que no se han utilizado».

En particular, Domínguez ha indicado que el contrato recoge que si el centro municipal de tratamiento de residuos y elaboración de compost no se llegase a construir en un plazo de 4 años desde su firma o dejase de funcionar por un periodo superior a un año después de su puesta en funcionamiento «quedará automáticamente extinguido este contrato».

Los populares aseguran que el contrato caducó en el año 2019 «y desde entonces no hay ninguna relación contractual entre el Concello de Pontevedra y la comunidad de montes de Canicouva» por eso no entienden que el Gobierno local firmase recientemente un nuevo pago de 20.000 euros.

«A día de hoy no nos consta que haya nuevo contrato», ha dicho Rafa Domínguez. «Estamos hablando que no existe justificación jurídica o documental para el pago, lo que supone que se ha desembolsado el dinero de los pontevedreses de una forma ilegal», ha sentenciado el portavoz del PP.

El Partido Popular llevará al próximo pleno municipal una moción en la que pide una comisión de investigación,, pero advierten que la negativa del BNG y del PSOE a que se articule este órgano, la formación «no tendrá más remedio que poner estos datos en manos de la Justicia para que se investigue qué está pasando en el Ayuntamiento de Pontevedra».

«Estamos ante un presunto delito, pues tenían conocimiento y tomaron una decisión a sabiendas de que era ilegal», ha incidido Domínguez, que señala directamente al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, «que es el que firma la orden de pago a través de un decreto de alcaldía».

RESPUESTA DEL CONCELLO

La concejala responsable de Patrimonio Municipal, Carme da Silva ha asegurado que existen «informes a favor» de que se haga el pago y que son los funcionarios los encargados de fiscalizar el gasto del Ayuntamiento.

En este sentido, hace referencia a un informe de Intervención en el que concluye que el expediente de pago del alquiler es «de conformidad».

Además, ha añadido además la concejala nacionalista que el contrato sigue en vigor y que solo podría resolverse «si hay solicitud expresa por alguna de las partes».

Después de responder a las acusaciones de Rafa Domínguez, Da Silva aseguró que «el PP tiene un grave problema en Pontevedra» por dar «información falsa a los medios» y » poner en tela de juicio a los funcionarios».