El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado «absolutamente razonable y sensato» que el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, haya planteado que se prorrogue dos meses el estado de alarma y rechazado que esta figura se pueda aplicar «a la carta» por territorios, dado que ve España en manos de un Gobierno «que parece negacionista en lo que a legislación se refiere».
«No podemos pasar de cero a 100 en un segundo», ha argumentado, en la rueda de prensa posterior en el Consello de la Xunta, en la que ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no haber impulsado una ley para gestionar la pandemia como pedían Galicia y otras comunidades, y además, en el caso gallego, haber recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) parte de la reforma de la ley de salud.
A las puertas del 9 de mayo, ha afeado al Gobierno central el uso de una figura «excesiva, antigua y desproporcionada» como es el estado de alarma para después obviar la petición de que legisle y, además «culpar» a los presidentes que rechazaron esta figura inicialmente en lo que ve «una trampa impropia de un sistema democrático».
Así las cosas, se ha reafirmado en que las comunidades necesitan «una red» y, si bien ha defendido que su prioridad sería contar con la ley de salud gallega plenamente en vigor, ha advertido que, si no es posible, sería partidario de mantener el estado de alarma, de forma que cada gobierno pueda medir sus pasos «previa comunicación al Consejo Interterritorial».
Más allá, ha recordado que Urkullu ya tiene experiencia con el rechazo de los tribunales a alguna de sus decisiones, por ejemplo en lo que respecta al cierre de la hostelería. Acaba de volver a pasar, ha añadido, con el comercio en La Rioja.
«PARAGUAS LEGAL» SI NO SE SOLUCIONA EL CONFLICTO CON LA LEY GALLEGA
Así, ha manifestado que Galicia, al igual que el resto de comunidades, necesitaría «un paraguas legal» si el Gobierno «no le deja gestionar» la pandemia con su ley. «Que es lo que le pedimos», ha resaltado, para añadir que la norma autonómica le parece «suficiente» e insistir en el agravio que supone que, bajo su punto de vista, se recurra la ley gallega pero no la de Aragón, de contenido similar.
En este sentido, ha defendido que la ley no afecta «a derechos fundamentales» e incluso certifica «en un artículo» que, si alguna decisión afectase a los mismos, la Xunta debería buscar la «autorización y ratificación judicial».
En este punto, se ha referido a las conversaciones técnicas abiertas entre Xunta y Gobierno para tratar de solventar el conflicto, y ha asegurado que los «interlocutores» del Ejecutivo estatal «se quedaron muy sorprendidos» porque «ven que no hay ninguna intención de vulnerar la Constitución».
De este modo, Feijóo, quien ha recalcado que el recurso es «político, ha advertido que, si el Gobierno no acepta el acuerdo de interpretación que ha propuesto la Xunta, «no será por culpa de los interlocutores» que negocian «si no de los mandos». Y ha insistido en que Galicia seguirá sin una herramienta que le avalaría para defender cualquier decisión frente a la pandemia en los tribunales.
