Los Franco han solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que les conceda de «forma inmediata» un plazo «razonable», que estiman de un mes, para proceder a la retirada de «todas las cosas, bienes u objetos que hay en el interior del inmueble».
«Con la sola excepción de aquellas que, eventualmente, se encuentren en él por haber sido colocadas por la propia parte actora», indica en referencia al Estado después de que tomase posesión del pazo de forma provisional en virtud de la sentencia dictada por este mismo juzgado.
La petición la hacen después de que la semana pasada la Audiencia Provincial de A Coruña revocase el depósito cautelar de los bienes muebles existentes en el interior del pazo.
Sobre lo trasladado al juzgado, el letrado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina ha ratificado a Europa Press que se refieren a todos los bienes, incluidos los que estén declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Este es el caso de las estatutas del Mestre Mateo, a las que se suman la biblioteca Emilia Pardo Bazán, que cuenta con la protección de un bien de este tipo tras iniciarse el año pasado el correspondiente expediente.
«Lo que está declarado BIC también es propiedad de mis clientes, la unica matización respecto al traslado de bienes que son BIC es que está sometido a la proteccion de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia», ha recordado el abogado, que ha avanzado que solicitarán el «oportuno permiso» a la Administración gallega.
ELIMINAR EL INVENTARIO
En su escrito, piden también que se ordene al Estado que permita el acceso al inmueble de los profesionales que designe la familia Franco a fin de proceder a la retirada de los bienes «que hay en su interior».
Además, plantean la «eliminación o supresión» de las actuaciones del inventario de bienes que se realizó, fechado en noviembre del año pasado, y que se llevó a cabo, expone, al amparo de unas medidas revocadas.
Plantean también que se ordene tanto al Estado, como parte demandante como a las instituciones que se adhirieron a la demanda –Xunta de Galicia, ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa– «a que se abstengan con carácter indefinido de todo uso, utilización, invocación, divulgación y/o revelación a persona alguna, pública o privada, de tales documentos».
«Y de todos y cada uno de los datos e informaciones que los mismos ponen de manifiesto en relación con los bienes existentes en el inmueble revindicado». Lo mismo solicitan en relación a las personas que participaron en la elaboración de los mismos. Por otra parte, remarcan que se reservan los derechos correspondientes en relación a la indemnización que pueden solicitar.
En concreto, la pasada semana, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña revocó el depósito de los bienes a favor del Estado del Pazo de Meirás, es decir, determina que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General del Estado no incluye «mesas, vajillas, alfombras o cuadros» en una resolución contra la que no cabe recurso.
Lo hizo tras estimar el recurso presentado por la familia Franco, que ahora deberá ser «indemnizada» por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación. De esta forma, la Audiencia Provincial dejó sin efecto el auto del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.
