Los veintitrés trabajadores despedidos de las empresas del grupo Cándido Hermida han reclamado la mediación de la corporación municipal de Narón (A Coruña), municipio en donde tiene instalada su sede central la compañía.

Dicha petición ha sido realizada tras recibir este viernes la alcaldesa, Marián Ferreiro (TeGa), y los portavoces de los grupos municipales a una representación de los operarios en el salón de plenos municipal.

En este encuentro, los trabajadores despedidos les han trasladado a los políticos su punto de vista del porque se ha llegado a esta situación y les han instado a realizar una declaración institucional para tratar de revertir este conflicto.

Los trabajadores reclaman que aquellos empleados a los que se les ha rescindido el contrato puedan volver a desarrollar su labor en un grupo de empresas que tiene entre sus clientes a Inditex o a marcas textiles como Guess, Carolina Herrera, Purificación García o Loewe, además de realizar trabajos para la habilitación de todo tipo buques y también el equipamiento de hoteles.

MOVILIZACIÓN

Previamente al encuentro en el Ayuntamiento de Narón, los trabajadores despedidos y un centenar más de ciudadanos se han manifestado por calles y avenidas del municipio, en una marcha que ha comenzado sobre las 10,30 horas desde la sede de la compañía, en el Polígono de Río do Pozo, y que ha finalizado ante el Consistorio local.

Durante el recorrido, los participantes han coreado diversas consignas y proclamas a través de las que han exigido la readmisión de los despedidos, una marcha que ha estado apoyada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT.

A pesar de que en la carta de despido aparece como motivo de la rescisión del contrato causas económicas, los trabajadores alegan que esta acción ha sido un represalia por mostrarse en contra de la intención de la dirección de modificar las condiciones laborales durante el año 2019, en lo que se refería a la jornada laboral.

Así, estiman que la empresa tiene carga de trabajo, que se está incluso derivando tareas a otras empresas que son competencia, y, en paralelo, tienen abiertas varias ofertas de incorporación a través de empresas de trabajo temporal (ETT).

Por ello, estos operarios, algunos con hasta 28 años de antigüedad y con una media que supera los quince años en la empresa, consideran que probablemente los despidos continúen con el objetivo de seguir amedrentando a los que siguen formado parte de la plantilla, para luego imponer de manera unilateral sus condiciones.