Un total de 19 ayuntamientos gallegos presentaron alegaciones por la ley de protección del lobo estatal, según informa la asociación animalista Libera en base a los datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) a una pregunta del diputado de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino.

En un comunicado, Libera incide en que esta cifra «representa a poco más del 6% de las entidades locales de toda Galicia» y sostiene que «la campaña anti-lobo de la Xunta ha sido un rotundo fracaso institucional».

En concreto, el diputado de Unidas Podemos preguntaba por la participación de las entidades locales, instituciones, organizaciones y colectivos en el periodo de alegaciones a la decisión de incrementar la protección del lobo ibérico.

En su respuesta, el Ministerio confirma que han sido 19 los ayuntamientos gallegos que han presentado alegaciones: O Pino, Ourol, Vilarmaior, Noia, Muras, Abadín, Alfoz, Cervo, Valadouro, Xermade, Xove, Viveiro, Pedrafita do Cebreiro, Curtis, Cervantes, As Nogais, Navia de Suarna, O Vicedo y Porto do Son. A ellos, se suman 26 alegaciones de otras instituciones, entidades u organizaciones, aunque dos fuera de plazo.

Al hilo de estos datos, Libera denuncia «un uso interesado» de las cifras por parte del Gobierno gallego «puesto que menciona el número total (5.635) pero obvia que un porcentaje muy importante corresponden a organizaciones no gubernamentales que piden más protección para el lobo, como los escritos colectivos de WWF o Voluntariado para el Censo del Lobo Ibérico, que en conjunto suman 959».

«También en el capítulo de alegaciones de colectivos se encuentran entidades ganaderas, ecologistas y hasta una empresa inmobiliaria», remarca la asociación animalista que insta al Ejecutivo gallego «a dejar de instrumentalizar políticamente la conservación de la biodiversidad con argumentos pseudocientíficos como que el lobo pone en peligro la viabilidad de explotaciones ganaderas, justo cuando los propios sindicatos denuncian que el precio de la carne no deja de caer».

«El amago de enfrentamiento con el Gobierno central por parte de la Xunta y otros territorios solo es una fachada para evitar el abordaje real de los problemas del sector productivo y de la Galicia vaciada: pocas ayudas y pagos demorados hasta dos años, falta de servicios básicos, caída de precios», expone en un comunicado en el que vuelva a reclamar «un foro del lobo» para sentar las bases «de una política de coexistencia».