La Abogacía del Estado va a estudiar cuáles son «las acciones más convenientes» a emprender para evitar que el pazo de Meirás sufra un «expolio», según han informado a Europa Press fuentes de la vicepresidencia primera, tras la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña que implica la devolución de los bienes del pazo a la familia Franco.
En concreto la Sección Tercera Audiencia Provincial de A Coruña ha revocado el depósito mobiliario a favor del Estado del Pazo de Meirás, es decir, ha determinado que la demanda de la parcela catastral hecha por la Administración General no incluye «mesas, vajillas, alfombras o cuadros».
Aunque contra esta decisión no cabe recurso, los magistrados sí han dejado abierta la posibilidad de que el Estado pueda reclamar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere Patrimonio Nacional asignados al jefe de Estado.
Por ello, fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, del que depende Patrimonio Nacional, aseguran que la Abogacía del Estado sí va a estudiar cuáles son «las acciones más convenientes para evitar el expolio del pazo».
El Gobierno argumenta que el auto conocido este martes no resuelve sobre la titularidad de los bienes en sí, sino que lo que hace es rechazar la medida cautelar que decidió el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que ordenaba depositar a favor del Estado todos los muebles y elementos accesorios del pazo de Meirás.
La decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña se produce como consecuencia de estimar el recurso presentado por la familia Franco. Además, establece que los Franco deberán ser indemnizados por los daños y perjuicios que les haya podido ocasionar esta situación.
697 BIENES, ENTRE OBJETOS PERSONALES Y PIEZAS HISTÓRICAS Y ARTÍSTICAS
El pazo de Meirás pasó a manos del Estado a finales de 2020, tras 82 años en posesión de la familia Franco. La entrega de llaves el pasado 10 de diciembre se realizó después de que los técnicos de la Xunta verificaran que todos los bienes que habían inventariado se encontraban dentro: un total de 697, entre enseres particulares hasta piezas de valor histórico y artístico.
Entonces se decidió que los Franco solo podían retirar los bienes que eran estrictamente personales y los que no comprometan los usos del pazo, destinados, según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a explicar «la verdad del paso de Franco con perspectiva democrática» y a reivindicar la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán.