La causa criminal 4.591/2010, conocida como la ‘querella argentina’ y que se sigue en un juzgado de Buenos Aires por crímenes de lesa humanidad, sumará este jueves cinco nuevas denuncias, con la adhesión de otras tantas familias de hombres gallegos represaliados y asesinados por el régimen franquista.
Así, este jueves se presentarán las denuncias en el consultado de Argentina en Vigo, por parte de los familiares de Celestino Carbia, alcalde de Valga y fusilado en 1937; Bernardo Mato, maestro de Teo y víctima de un asesinato extrajudicial en 1936, tras ser detenido e interrogado por falangistas; Carlos Abella, vecino de Ponteceso y sindicalista de la CNT, condenado a pena de muerte conmutada por cadena perpetua; José Lijó, vecino de Ribeira y miembro del Comité de Defensa de la República, fusilado en Santiago en 1937; y José Sieira, también de Ribeira y asesinado en 1937 por su vinculación con la CNT.
Las familias cuentan con el asesoramiento de CeaQua, Iniciativa Galega pola Memoria e Histagra, y la presentación de las denuncias corre a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del grupo Avogados Novos de Vigo.
Según ha señalado la abogada Irene Francés, esta querella supone una importante herramienta jurídica «en la lucha contra las políticas del Estado español basadas en la impunidad, el silencio, el olvido y la falta de investigación judicial de estos crímenes», y las familias reclaman así «su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición».
Estas querellas se suman a las que ya presentaron antes otras familias, como las de Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño y Ramiro Paz, en enero de ese año, para exigir que se conozca la verdad sobre los asesinatos de A Caeira (Pontevedra) en 1936, y para que se revoquen sus condenas.
Estas reclamaciones han surgido tras el proceso iniciado en 2019 por la Diputación de Pontevedra, que anunció su intención de «acompañar» y ponerse a disposición de todas las personas afectadas por aquellos crímenes del franquismo.
Así, este jueves se formalizarán las denuncias de otras cinco familias, que se suman a los escritos presentados por decenas de familiares y allegados de los represaliados por el régimen de Franco en Galicia. A la querella argentina también se sumaron el año pasado los descendientes de una veintena de prisioneros gallegos enviados por la dictadura a campos de concentración nazis.