La plataforma ‘Por un Monte Galego con Futuro’ ha solicitado a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo que abra una investigación para esclarecer los incendios forestales que a lo largo de los últimos meses han afectado a áreas de la geografía gallega bajo protección especial, como las zonas de Red Natura 2000 o las Reservas de la Biosfera.

En un comunicado, el colectivo, integrado por unas 50 entidades, califica de «especialmente preocupante» los episodios de quemas producidas en estas áreas de «incalculable valor», algunas de las cuales atribuye a «instituciones públicas» como la Consellería do Medio Rural y la Unidad Militar de Emergencias (UME) que, dicen, «en algunos casos» han derivado en incendios forestales.

Como ejemplo de esto señalan el incendio registrado el pasado 6 de abril en Hórreos, una parroquia del municipio lugués de Folgoso do Courel o el ocurrido un día más tarde, el 7 de abril, en Pacios –A Fonsagrada (Lugo)–.

Según esta plataforma, en el primero de los casos señalados ardió una «superficie considerable» de un área Red Natura 2000 y en el segundo, el fuego se inició por «una quema realizada por Medio Rural y la UME» y afectó al Monte Muradal, situado en la Reserva de la Biosfera de Oscos-Fonsagrada-Terras de Burón.

En este sentido, ‘Por un Monte Galego con Futuro’ denuncia que estas quemas «afectan gravemente al normal desarrollo de la biología de los animales» pues, las que se realizan en esta época del año coinciden con el proceso de aparamiento y cría.

Además, advierte de la «grave incidencia» de estas prácticas «en los ecosistemas, la biodiversidad, la erosión, la contaminación atmosférica, la salud humana o el cambio climático», por lo que instan a las administraciones a optar por alternativas a la realización de quemas que constituyen prácticas «más seguras y respetuosas con el medio».

Así las cosas, la plataforma demanda a la Xunta que apueste por estas fórmulas alternativas cuando las condiciones (climáticas, localización y época del año) desaconsejen recurrir a quemas que, según remarcan, han producido incendios a lo largo de los últimos años con un «fuerte gasto de dinero público» para su extinción, además del consiguiente peligro para la población e impacto medioambiental.

CONCESIÓN DE PERMISOS

Otro de los aspectos que el colectivo pide al Ministerio Público que investigue es la concesión de permisos para la realización de quemas durante finales de marzo y principio de abril en zonas que presentaban alto riesgo de incendio.

De hecho, recuerda que en comunidades como Asturias y Cantabria la realización de estas prácticas estuvo prohibida durante esas fechas, por lo que la plataforma entiende que «la falta de cuidado y previsión manifiestamente recurrente» que, dice, tiene la Xunta respecto a la autorización de quemas «podría ser constitutiva de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente».