La asociación En-Colectivo ha lamentado que la Audiencia Provincial de Pontevedra haya anulado la sentencia que condenó a Audasa, concesionara de la AP-9, a devolver los peajes a los usuarios de la autopista afectados por las incidencias generadas por las obras en el puente de Rande, y que ocasionaron numerosas retenciones.

Así, en un comunicado remitido este lunes, esta entidad ha considerado que esta resolución supone un «varapalo para los consumidores, al negarles el derecho a las indemnizaciones aprobadas anteriormente y al no admitir que el Ministerio Fiscal y asociaciones puedan reclamar a Audasa algún tipo de responsabilidad».

En este sentido, ha señalado que la Audiencia de Pontevedra «se ampara en los decretos aprobados por el Gobierno para permitir la obra de ampliación del Puente de Rande a cambio de la subida del precio de los peajes y de la prolongación de la concesión hasta el año 2048».

No obstante, continúa, «estos acuerdos están actualmente siendo cuestionados en diferentes ámbitos». Así, esta asociación presentó el pasado año una denuncia ante la Comisión Europea por considerar que las prórrogas de la concesión de la AP-9 a Audasa vulneran la normativa comunitaria.

De igual manera, entiende que la resolución del Tribunal provincial es «contradictoria», ya que, mientras «niega a En-Colectivo y al Ministerio Fiscal la posibilidad de reclamar, abre la puerta a estimar reclamaciones individuales por los daños ocasionados por las obras, como puede ser un reventón en una rueda».

«Esto es algo que resulta prácticamente imposible para un usuario a título personal y supone un retroceso de más de 50 años en la lucha por la defensa de los derechos de los consumidores, al negar la posibilidad de presentar demandas conjuntas», ha recalcado la asociación, que ha avanzado que en próximos días decidirá posibles medidas a adoptar.

RESOLUCIÓN

La sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado el recurso de Audasa, concesionaria de la AP-9, contra la sentencia (que queda revocada) que le condenaba a devolver los peajes a los usuarios de la autopista afectados por las incidencias generadas por las obras en el puente de Rande.

El tribunal provincial entiende que no pueden incluirse en el concepto de «prácticas abusivas» las incidencias relacionadas con el cumplimiento del contrato de uso de la autopista, y considera que no existe una relación directa entre el pago del peaje y las condiciones en las que se presta el servicio.

Previamente, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra había estimado parcialmente la demanda interpuesta en 2018 por el Ministerio Fiscal contra Audasa, sociedad del grupo Itínere concesionaria de la autopista AP-9 Ferrol-Tui, por el cobro «abusivo» de peajes en esta vía durante las obras del Puente de Rande.

En su sentencia, de febrero de 2020, instó a la compañía a «restituir el importe cobrado» a los usuarios afectados por alguna de las 81 incidencias de circulación registradas entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018. Así, el juez declaraba «la nulidad de estas prácticas abusivas».