Las infracciones a la normativa sobre animales peligrosos y razas caninas peligrosas denunciadas por la Guardia Civil ascendieron el año pasado a 538 y a 83 en lo que va de año, según datos facilitados a Europa Press por la Benemérita, que recuerda la obligación de tener una licencia administrativa.

Mientras, desde la fundación animalista Franz Weber su portavoz en Galicia, Rubén Pérez, reclama medidas de sensibilización para no «prejuzgar o criminalizar» a los animales, en alusión en concreto a las razas catalogadas como perros potencialmente peligrosos.

«Los casos de daños personales o a otros animales han sido muy puntuales y no superiores en número a incidentes con otras razas y, por supuesto, muy inferiores a los sucesos de maltrato animal que se suceden en Galicia con contextos de auténtica crueldad», sostiene.

Tanto esta fundación como la Guardia Civil recuerdan que es necesario tener una licencia administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos que, entre otra documentación, exige la formalización de un seguro de responsabilidad civil, además de su inscripción en el Registro Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos.

«Solamente en el caso de solicitar licencia administrativa para la tenencia de un animal salvaje en cautividad y potencialmente peligroso (gran felino, serpiente venenosa, …), es necesario presentar la documentación que acredite el origen legal del animal y una memoria descriptiva de las instalaciones y de las medidas de seguridad utilizadas para impedir la huida», apuntan desde la Benemérita.

ACTUACIONES

En cuanto a la actuación de la Guardia Civil, explican que las patrullas, ya sea de oficio o por un aviso, comprueban que «se posea y esté al día» en la documentación, así como el cumplimiento de las medidas de seguridad obligatorias. «En el caso de perros potencialmente peligrosos, utilización de correa no extensible o cadena de menos de dos metros de longitud, así como un bozal homologado y adecuado para su raza».

«Las actuaciones pueden surgir motivadas tanto por llamadas de un particular como por oficio, incluso derivadas de una investigación previa», añaden también sobre sus intervenciones en estos casos.

Por su parte, Rubén Pérez, de la Fundación Franz Weber, precisa que los requisitos para tener un animal de este tipo aparecen en la Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia, similar, matiza, a la legislación estatal. «Las sanciones, en el caso de las más graves, pueden llegar hasta los 30.000 euros en caso de no disponer de un seguro de responsabilidad civil», precisa.

«El problema está en que Galicia incorporó también la raza ‘bull terrier'», afirma al apuntar que, en otras comunidades como Asturias o Cantabria, «no tendrían la misma categoría a nivel legal». Por otra parte, insiste en que «no existe un estudio o estadística oficial que cuantifique más incidentes con estas nuevas razas catalogadas con respecto a otras».

En el caso de los, a su juicio, «mal llamados perros potencialmente peligrosos», asevera que el marco administrativo «tiene su origen en una legislación ‘en caliente’, después del ataque de un perro que motivó esta respuesta en forma de ley». «No es la mejor forma de promulgar normativa que afecte a personas y animales», cuestiona.

SANCIONES

Respecto a las sanciones, reclama a la Consellería de Medio Ambiente, con competencias en la materia, la publicación de estadísticas «de forma transparente, como podría hacer en su página web». «Para mostrar que el número de incidentes es muy bajo y que la práctica totalidad de las propuestas de multa o expedientes finalizados se corresponden con cuestiones como no portar documentación o que el animal no lleve bozal en un momento determinado».

Al hilo de ello, alude al papel de los medios de comunicación. «Suelen resaltar en sus titulares aquellos casos en los que existe una agresión por parte de perros catalogados como potencialmente peligrosos» lo que, a su juicio, genera «esa sensación pública de temor a los perros de determinadas razas».

En la misma línea, incide en que se persiga «mucho más la falta de licencia y el manejo de los perros de estas razas que los constantes casos de maltrato a perros».

CAMBIOS NORMATIVOS

Preguntado por los cambios que pretende introducir el Gobierno central, valorando el comportamiento del animal y no el tipo de raza, remarca que «una raza no condiciona el carácter violento» y recuerda un posicionamiento de la Federación de Veterinarios Europea que concluye que las causas de las agresiones de los perros «pueden ser por múltiples factores, aislados o combinados, que no tienen por qué guardar relación con la genética» del animal.

Por ello, cree que la propuesta del Ejecutivo central «se acerca más a esa necesidad de valorar a los animales de forma individual y atendiendo a situaciones concretas, no a condicionantes físicos, algo con lo que estamos de acuerdo».