La Xunta de Galicia ha lamentado que el Gobierno central «siga obviando» la postura de 11 comunidades autónomas y mantenga su decisión de incluir el lobo en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).

Así lo ha señalado la Consellería de Medio Ambiente en un comunicado remitido a los medos, en el informa de que la directora xeral de Patrimonio Natural, Belen do Campo, ha iniciado este viernes una ronda de contactos con las organizaciones agrarias gallegas y de razas autóctonas para informar del resultado de la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado miércoles, que incluía el estado de tramitación de la solicitud para incrementar el actual nivel de protección del lobo ibérico.

La directora xeral ha recordado que Navarra se ha sumado a la postura que lideran las comunidades al norte del río Duero (Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León), y que apoyan País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía, la ciudad autónoma de Ceuta, y a la petición de paralización de esta propuesta –que recibió más de 4.500 alegaciones durante la fase de consulta pública– hasta que se apruebe y acuerde la nueva Estrategia nacional de gestión y conservación de la especie. Conforme señala la Xunta, esta debe ser pactada con las comunidades loberas, puesto que son las administraciones que velarán por su aplicación.

La reunión, apunta la Consellería, sirvió para visualizar una vez más la negativa del Gobierno para debatir en profundidad un tema de gran importancia para las regiones al norte del río Duero, que aglutinan el 95% de las poblaciones de lobo de todo el país y asumen desde hace años su gestión en solitario.

En ella, los representantes de las cuatro comunidades aprovecharon el turno de palabra para reiterar los principales argumentos en los que basan su rechazo a una medida que «dificultaría más» la gestión de la especie en sus territorios y supondría, además, «una amenaza para el sector agroganadero», al reducir las posibles medidas de control.

La directora xeral ha indicado que esta actitud del Gobierno obliga a las comunidades afectadas a recurrir a la vía jurídica para presentar los correspondientes recursos ante un tema de confrontación del territorio. En ese sentido, ha adelantado que los técnicos, junto con el departamento jurídico, de la Consellería evalúan la documentación necesaria para iniciar dicho procedimiento.

POSTURA DE LA ASOCIACIÓN AGRARIA DE GALICIA

Por otra parte, en otro comunicado, la Asociación Agraria de Galicia ha asegurado no entender que el Ministerio para a Transición Ecológica continúe con su pretensión de aumentar el nivel de protección del lobo.

«Es imprescindible que el ministerio, empezando por la titular de la certera Teresa Ribera, recapacite si escuche lo que le están pidiendo la mayoría de las autonomías del estado», señala la entidad que asegura que el Gobierno debería paralizar esta propuesta al menos hasta que se apruebe con el consenso necesario la nueva Estrategia nacional de gestión y conservación de la especie.