La propuesta de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de adelantar a junio los exámenes de recuperación a partir de secundaria no ha gustado a las asociaciones de padres y madres de los centros públicos.

Las dos principales confederaciones de ANPA (Confapa-Galicia y Anpas Galegas) han trasladado su rechazo a esta medida y han censurado que el Gobierno gallego no constase con la opinión de las familias para abordar una cuestión que afecta directamente a un derecho de sus hijos.

En concreto, la intención del departamento autonómico es la de aprobar un calendario escolar diferente al de este año y con una nueva propuesta de fechas para los exámenes de recuperación de ESO, 1º de bachillerato y de FP Básica, un cambio de tendencia que se aplicaría a partir del curso 2021-2022.

El argumento de la Xunta es que la modificación permitiría adecuar estas pruebas extraordinarias a las de otros niveles que ya las realizan en estas fechas, como es el caso de 2º de bachillerato, y favorecería tanto a las posibilidades de recuperación de los alumnos, como a la conciliación de las familias y el trabajo de los equipos de los centros educativos.

La junta directiva de Confapa-Galicia ha emitido un comunicado en rechazo a esta posibilidad puesto que, al no incluir una ampliación del propio calendario escolar, la evaluación coincidiría en los días lectivos y los jóvenes tendrían que afrontar una «atropellada preparación» de las pruebas extraordinarias «en un tiempo récord» e «inmediatamente después» de los exámenes del tercer trimestre.

OPTIMIZAR RECURSOS

La confederación entiende que la iniciativa podría tener un valor de no discriminación para evitar el coste de las clases de apoyo a aquellas familias con menos recursos, puesto que estas tareas podrían ser asumidas por el profesorado del centro.

No obstante, advierten de que esta posibilidad «de ningún modo puede ser atendida de pretender, como parece, establecerse dentro del periodo lectivo ordinario». «Solo una vez terminado ese periodo, a finales de junio, se entendería ese apoyo extraordinario a los jóvenes que no superaron el curso», han insistido.

La entidad matiza, por el contrario, que los términos de la iniciativa muestran «un claro favorecimiento a la Administración», de cara a «optimizar todavía más los escasos recursos de los centros», y así concluir el trabajo administrativo a principios de julio de cara el siguiente curso.

«Con conocimiento de causa, sabemos que estamos ante una iniciativa que en absoluto beneficiará a nuestros hijos e hijas, que es pedagógicamente nefasta y que solo redundará en un porcentaje todavía superior al ya asfixiante abandono escolar actual», zanjan.

ATENTA CONTRA LA SEGUNDA CONVOCATORIA

En términos similares, Anpas Galegas han censurado que la medida en sí supone «introducir a la fuerza» una segunda convocatoria en el mismo momento que hasta ahora existía una sola y así «eliminar de facto la posibilidad» de muchos alumnos de superar el curso.

«Las familias gallegas no vamos a permitir que se le retire a nuestras hojas e hijos un derecho, el de la segunda convocatoria, que marca la diferencia entre superar o no un curso académico, sin hablar largamente de lo que esta misma juventud recibe a cambio, en que condiciones lo recibe y como se ve compensada y apoyada en su derecho a al educación», han señalado.

INTERLOCUTORES

La confederación critica, además, que se pretenda llevar esta cuestión a una mesa sectorial «en la que se habla de condiciones laborales» y donde no están representada la interlocución con los padres, sobre todo «para hablar de algo que afecta a todas las familias gallegas».

«Tenemos que estar presentes nosotros, el alumnado, la administración, y los expertos en pedagogía que avalen un calendario distinto», añaden.

Confapa-Galicia también se ha referido a esta cuestión y ha defendido, como representantes de las familias «legítimamente reconocidos», que la Consellería «tenga en cuenta» la opinión de estas entidades y su opinión contraria a la propuesta de adelanto y apelan a los sindicatos a que se manifiesten en contra de una actuación «lesiva para el alumnado».