El vicepresidente segundo de la Xunta, Francisco Conde, ha urgido al Gobierno central alcanzar un acuerdo con Alcoa para la venta de la planta de San Cibrao (Lugo) a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y agilizar la movilización de fondos europeos para que el impacto de la pandemia en la economía sea «lo menos lesivo» posible.

En una entrevista concedida a la Radio Galega, recogida por Europa Press, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo central «agilice todo lo que supone la movilización de fondos europeos y las ayudas anunciadas» para sectores afectados por la pandemia «para que el impacto sea lo menos lesivo (posible)» en la economía. «Entre todos tenemos que corregir la situación con estabilidad, confianza y una buena gestión de fondos europeos, que es lo que le pedimos al Gobierno», ha aseverado.

Sin embargo, Conde ha criticado que se desconozca la fecha en la que se realizará el traspaso de los fondos que permitirán poner en marcha un nuevo plan de rescate para autónomos y pymes afectados por la crisis en la comunidad, lo que ha señalado que conlleva que «no sea posible saber cuándo se comenzarán a cobrar» las ayudas.

También ha reprobado que el Ejecutivo central no haya respondido a la petición realizada para que incluyese entre los beneficiarios de esta línea a sectores como peluquerías, gasolineras, talleres y autoescuelas, entre otros. Conde ha remarcado además la necesidad de que el Gobierno central permita aplicar «la misma simplificación administrativa» que la Xunta estableció para la tramitación del primer y el segundo plan de rescate para pymes y autónomos en la comunidad.

Asimismo, ha previsto que de cara a la primera semana de mayo abra el plazo de solicitud para acceder al el Bono Activa Comercio de la Xunta, que permitirá a 330.000 consumidores obtener descuentos de 30 euros en establecimientos de proximidad regentados por pymes. Mientras, ha avanzado que este miércoles se abrirá el plazo de solicitud para acceder a los bonos de hasta 6.000 euros destinados a impulsar la mejora energética de empresas, que ha augurado que podrán alcanzar el millar de beneficiarios.

PLAN DE RECUPERACIÓN

El también conselleiro de Economía, Empresa e Innovación ha acusado al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez de «dejar de lado a las comunidades autónomas para establecer mecanismos de cogobernanza» y criterios para el reparto de los fondos europeos articulados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

«Se siguen estableciendo criterios distintos a los del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF) y se están cambiando de forma permanente», ha reprobado Conde, que ha cuestionado esta posición por parte de un Gobierno que «tiene que modificar las previsiones del PIB porque no va a poder ejecutar los fondos europeos».

Así, Francisco Conde ha pedido que Galicia pueda «competir en igualdad de condiciones» para captar fondos europeos para el desarrollo de proyectos de su candidatura y permitir la mejora del tejido productivo y la generación de empleo. Además, ha reivindicado la capacidad de la comunidad para atraer una fábrica de baterías como la prevista en Martorell (Barcelona), un anuncio que ha confiado en que se «rectifique».

En cuanto al proyecto de ley de cambio climático y transición energética, el vicepresidente económico de la Xunta ha incidido en la importancia de que aporte «seguridad» a las empresas asentadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, que ha advertido de que podrían «tener que cerrar» si no se modifica el artículo 18, que reafirma el límite de 75 años de las concesiones en la línea de costa –a contar desde su otorgamiento–.

De este modo, ha pedido el mantenimiento del estatus actual de las concesiones, ya que, de lo contrario, ha afirmado que empresas como Ence podrían optar por la deslocalización de sus inversiones a otras comunidades. También ha criticado que el Gobierno no haya convocado la mesa industrial anunciada.

NEGOCIACIÓN CON ALCOA

En otro orden de cosas, el vicepresidente segundo de la Xunta ha pedido «la máxima agilidad» a Alcoa y el Gobierno para agilizar la venta de la planta de San Cibrao a la SEPI después de que en la reunión de esta semana no hubiese avances. Además, ha tachado de «cortina de humo» la referencia a otros posibles compradores, ya que, según ha remarcado, antes de la SEPI venda la fábrica a una tercera empresa, debe adquirirla.

Así las cosas, ha remarcado que «el primer paso» debe pasar por el cierre de un acuerdo entre el Gobierno y Alcoa antes de la fecha fijada, el próximo 30 de abril, tras lo que se podrá explorar la posibilidad de otros compradores además del Grupo Liberty House.

Por otra parte, Francisco Conde ha urgido al Gobierno la convocatoria de una mesa industrial para abordar la situación de la planta coruñesa de Alu Ibérica para despejar dudas sobre el precio eléctrico, así como la ejecución de una auditoría técnica y financiera para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre Alcoa y Parter en la venta realizada en 2019. Así, ha insistido en que Alcoa, Parter y el Grupo Riesgo, el actual propietario, «tienen que sentarse con el Gobierno para explicar esos acuerdos».

NAVANTIA

Mientras, ha valorado el nombramiento de Ricardo Domínguez como nuevo presidente en Navantia. Precisamente, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico le pedirá que se concreten la carga de trabajo para el buque de aprovisionamiento logístico previo a las fragatas y la inversión del dique seco, que representa «la garantía de competitividad del astillero de cara al futuro».

Adicionalmente, el conselleiro de Economía ha pedido al Gobierno y Endesa la evaluación de la propuesta realizada para la continuidad de la planta de As Pontes mediante la utilización de biocombustibles, que aportaría «una solución a corto plazo» para las auxiliares, los transportistas y la propia fábrica.

Respecto al ERTE anunciado por Repsol para A Coruña, lo ha achacado a la situación de pandemia y ha señalado que la empresa «tiene voluntad de seguir comprometida con el territorio a través del plan industrial». También ha subrayado que Naturgy debe concretar sus compromisos sobre el plan de reindustrialización de las instalaciones de Meirama, lo que ha reprobado que «no está haciendo», y ha garantizado la defensa de la Xunta de los trabajadores del centro de operaciones que se deslocalizará de A Coruña a Madrid.