Comisiones Obreras ha reclamado la puesta en marcha del servicio de guardias de 24 horas en los partidos judiciales de A Coruña y Vigo, toda vez que esta iniciativa ha recibido el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aunque condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asuman su coste económico.
En un comunicado remitido este viernes, el coordinador del sector de Xustiza de CC.OO., Jorge Suárez, ha remarcado que, ante el beneplácito del organismo estatal, ya «no caben más excusas ni tampoco se pueden anteponer intereses económicos a los criterios de servicio público».
Tal y como ha remarcado, A Coruña y Vigo «son las únicas ciudades del Estado con ocho o más juzgados que carecen de uno de guardia las 24 horas, manteniendo el sistema de guardias semanales». «Esto impide una justicia eficaz y hábil», ha asegurado.
Así, ha aseverado que esta situación «perjudica a los letrados y mantiene la sobrecarga de trabajo del personal público y de los juzgados preexistentes, pero también resulta lesivo para la ciudadanía que acude a los tribunales».
En este sentido, ha criticado que la Xunta y Justicia «anteponen el interés económico a la prestación de un servicio público esencial», por lo que les ha instado a hacer «una rectificación pública inmediata» y realizar «las modificaciones presupuestarias oportunas». Finalmente, también ha pedido convocar de forma inmediata la mesa de negociación para tratar este asunto.
LUZ VERDE DEL CGPJ
Según comunicó este jueves el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido informe favorable a la implantación del servicio de guardias de 24 horas en los partidos judiciales de A Coruña y Vigo, si bien lo ha condicionado a que la Xunta y el Ministerio de Justicia asuman su coste económico.
En este contexto, el TSXG apuntó que el Ministerio de Justicia «se ha mostrado conforme con los nuevos turnos y dispuesto a asumir su coste, pero ha advertido de que la autorización quedaría supeditada a la disponibilidad presupuestaria, una vez se proceda a la aprobación de la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado».
Por su parte, la Xunta, en un informe remitido a la CGPJ, ha manifestado que es «imposible» disponer en este momento de los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de este sistema, ya que la crisis sanitaria ha provocado «una reorientación de los recursos hacia la creación de nuevos órganos judiciales».
