El Tribunal de Contratación Pública de Galicia (TACGal) ha suspendido cautelarmente el proceso de licitación del servicio de atención al peregrino, limpieza y gestión de cobro en los albergues públicos del Camino de Santiago, un procedimiento denunciado por el sindicato CC.OO..

La suspensión, aclara el tribunal, no «prejuzga ningún aspecto» del recurso, si no que es cautelar, por lo que habrá que esperar a la resolución. Por el mismo motivo, no afecta al plazo de presentación de ofertas.

En su denuncia contra esta licitación, CC.OO., alega «errores graves» en la parte económica de los pliegos de contratación, como el hecho de que «únicamente se tuvo en cuenta el convenio provincial de A Coruña», a pesar de que la licitación «abarca toda Galicia».

«Esto perjudicaría especialmente en el caso de Pontevedra, cuyas tablas salariales son más elevadas, y provoca un error de cálculo de los costes salariales del conjunto de la licitación», apunta CC.OO. en un comunicado.

En cuanto a las condiciones técnicas, prosigue el sindicato, el pliego señala que las tareas de limpieza se harán fuera de la jornada de apertura de los establecimientos –de 13,00 a 22,00 horas–, lo que «obligaría, forzosamente, a incrementar la jornada laboral diaria y anual muy por encima de lo legal y sin compensación económica».

Asimismo, «esta licitación tampoco prevé ninguna partida adicional para el coste económico que representa la aplicación de los protocolos de prevención frente a la covid», explica el sindicato, «especialmente en lo relativo a los equipos de protección individual (EPI)». CC.OO. sitúa en casi 100.000 euros anuales la inversión necesaria en este capítulo, alrededor de 400.000 durante la duración del contrato.

Según los datos de CC.OO., los 74 albergues del Camino de Santiago emplean a 116 personas, el 80% mujeres. El servicio de atención al peregrino, limpieza y gestión de cobro lo licita la Sociedad Anónima de Gestión del Plan Xacobeo, organismo tutelado por la Axencia de Turismo de Galicia.

LA XUNTA DEFIENDE EL PROCESO

Consultadas por Europa Press, fuentes de la Xunta han defendido el proceso, explicando que el personal adscrito al contrato «está encuadrado en el convenio colectivo de la provincia de A Coruña, tal y como se constata por la documentación remitida por la actual prestadora del servicio».

Así, a la hora de cuantificar el coste de la mano de obra, «se atendió a las condiciones laborales del personal adscrito a la contrata, cubriendo, sobradamente, el coste de la plantilla», explica la Administración gallega, «de modo que se respeten las condiciones laborales del personal y se puedan cubrir posibles contingencias», como bajas médicas.

Finalmente, la evaluación económica de otras partidas, como las referentes al material frente a la covid, «cuenta con respaldo presupuestario suficiente para atender esta necesidad», añade la Xunta.